Monterrey.- La solución a los problemas de sobrepoblación en los penales del Estado no es incrementar el número de camas, sino asegurar que a las prisiones lleguen sólo los casos más extremos que ya tengan una sentencia, consideró el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes.
En entrevista con ABC Noticias, el también experto en Ciencias de la Seguridad compartió que la medida cautelar (cuya permanencia resolverá hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación) ha sido uno de los factores de la sobrepoblación y hacinamiento en los centros de detención del Estado.
Actualmente, el Sistema Penitenciario Estatal tiene una población de 9 mil 769 personas privadas de su libertad, de las cuales, 38 por ciento, es decir, 3 mil 700 reos están procesados sin sentencia.
De ellos, 2 mil están con prisión preventiva oficiosa y el resto por prisión preventiva justificada. En NL, la sobrepoblación de más de 400 reos ha tenido un efecto en cascada: originó un déficit de custodios, infraestructura tecnológica y cerca de 3 mil 500 espacios para personas internadas principalmente en el Reclusorio Norte 1 de Apodaca, informó Palacios Pámanes.
“A medida que incrementemos el número de camas en un mismo predio, reduciremos la sobrepoblación, pero incrementaremos el hacinamiento, así que la solución no es seguir creciendo y creciendo, sino hacer reformas legales para que podamos dejar la prisión en este país como un lugar para los casos más extremos”, aseguró.
Aunque, dijo, se están construyendo 500 espacios más en el CERESO de Apodaca, consideró que la solución real es el análisis de las personas que se encuentran privadas de su libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva, ya que no cuentan con una sentencia, pero ocupan espacios los reclusorios y muchos de ellos no enfrentan delitos que pongan en riesgo a la sociedad.
“Habría que admitir que meter a la cárcel a alguien que no tiene sentencia es una tragedia y que a veces es inevitable, pero tenemos que reducir la cantidad de veces y de casos en los que vamos a cometer esta injusticia”, recalcó.
Faltan custodios
De los 9 mil 969 presos, 5 mil 588 se encuentran en el Cereso 1 Norte de Apodaca, 2 mil 002 en el Cereso Norte 2, mil 668 en el Cereso Oriente de Cadereyta, 476 en el femenil y 17 en el Centro de Adolescentes Infractores.
Además, información de la SSP indica que sólo se cuenta con mil 500 custodios divididos para los cuatro Ceresos, los cuales, admitió Palacios Pámanes, son insuficientes.
Explicó que la contratación de más custodios aumentaría la sobrepoblación, por lo que se requiere inversión en tecnología de vigilancia, la cual dejó de ejercerse desde hace seis años.
Se requiere renovar el circuito cerrado de televisión, que incluye cámaras y un cuarto de monitoreo en simuntáneo, así como software de análisis para detección de armas hechizas, rinas, u otras situaciones inusuales.
El Secretario de Seguridad Pública explicó que cada reo genera un costo de 173 pesos diarios, lo que equivale a una erogación anual de 669 millones 492 mil 505 pesos por la población total.
La manutención de las personas privadas de su libertad, sobrepasa el presupuesto asignado al sistema penitenciario, que fue de 600 millones para el 2022, señaló Pámanes.
El 10 de mayo, ABC Noticias publicó que el costo de manutención de las personas presas generaba un costo mayor a 900 millones de pesos.
Foto: Especial
¿Qué es la prisión preventiva oficiosa?
Es una medida cautelar que impone un juez y consiste en la privación temporal del derecho a la libertad personal. Busca asegurar la integridad de víctimas o testigos y garantizar el desarrollo de la investigación o la conclusión del proceso penal.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece limitantes y la aplicación de medidas cautelares, como la prisión preventiva oficiosa.
Fuente: Centro de Investigación en Política Pública (IMCO).