Monterrey.- En medio de la polémica que representa la falta de un titular en la Fiscalía, finalmente el Poder Judicial en la entidad dio un revés al Gobierno Estatal, al rechazar la propuesta del gobernador Samuel García para someter a consulta popular la elección del Fiscal General de Justicia.
A través de 15 magistrados que votaron a favor en el pleno del Tribunal Superior de Justicia, se frenó la solicitud que impulsaba el mandatario estatal al no superar las evaluaciones de legalidad según arrojó el acuerdo de los magistrados.
"Se determina no superado el examen de legalidad efectuado a la petición de consulta popular formulada por el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado como Titular del Poder Ejecutivo", se señaló.
El gobernador Samuel García solicitó formalmente desde el pasado 23 de febrero al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPC) aplicar una consulta popular, “en su modalidad de referéndum”, para que la sociedad decidiera si el Ejecutivo local podía “intervenir en el proceso para la designación del fiscal general del Estado”.
Como se recordará, desde inicios del pasado mes de marzo, el IEEPCNL, organismo que encabeza Beatriz Adriana Camacho Carrasco, ratificó que había enviado dicha petición al Poder Judicial, para el análisis de legalidad como estipula el proceso de ley.
Sin embargo, el lunes a través del Periódico Oficial del Estado se emitió el rechazo a la solicitud ante la consideración de los magistrados, de que esta no comprende facultades discrecionales y no regladas del Poder Ejecutivo, además de que tampoco es una autoridad competente en este tema que ha generado tanto debate.
En la resolución también se señaló que se guarda un propósito distinto al establecido legalmente para realizar una consulta popular, misma que no es la vía legalmente prevista “para la finalidad revelada en la petición”, por lo que se notificó al IEEPC.
Anteriormente, el Ejecutivo Estatal pidió también al Instituto que validara toda la documentación y verificar la legalidad de la solicitud, para eventualmente turnarlo al Tribunal Superior de Justicia del Estado, ente que terminó por echarla abajo.