Monterrey. - La crisis de movilidad en Monterrey no se resolverá únicamente con más infraestructura vial, sino con una planeación urbana que reduzca las distancias entre viviendas, empleos y servicios, advirtieron especialistas ante lo expuesto por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Con traslados promedio de dos horas con 47 minutos en transporte público, frente a una hora con 14 minutos en automóvil, la movilidad metropolitana evidencia los efectos de la expansión urbana y la falta de coordinación entre los municipios.
Tatiana Fraga, directora general de Consejo Cívico, señaló que enfrentar esta problemática requiere modificar la manera en que se organiza y administra la ciudad, más allá de ampliar la infraestructura de transporte.
“Mejorar la movilidad metropolitana no es solamente construir más infraestructura, sino transformar la manera que planeamos y gestionamos la ciudad”, sostuvo.
La especialista también advirtió sobre las consecuencias económicas y familiares de los desplazamientos, pues los usuarios destinan un promedio de 51 pesos diarios a su viaje principal, cantidad que supera los 65 pesos en municipios como García y Santiago.
“La congestión no solo tiene un costo económico, sino también un costo social. Son horas que las personas dejan de dedicar a otras actividades, a sus familias, al descanso, al trabajo”, expresó Fraga.
A este panorama se suma que 43 por ciento de la población considera insuficientes las acciones gubernamentales para atender los problemas de movilidad, una percepción que refleja los límites de las medidas implementadas hasta ahora.
Carlos Orozco, consejero de Consejo Cívico y experto en movilidad, consideró que el debate debe enfocarse en disminuir la dependencia del automóvil particular y generar condiciones para que caminar, utilizar la bicicleta o trasladarse en transporte colectivo sean alternativas viables.
“La discusión debe centrarse en cómo mejorar la movilidad de las personas y reducir su dependencia del automóvil, no en cómo mover más autos”, afirmó.
Orozco advirtió que los resultados del estudio del IMCO no deberían utilizarse para justificar nuevas obras dirigidas a facilitar la circulación vehicular, sino para replantear el uso del espacio público y priorizar los traslados de las personas.
En ese sentido, planteó que la política urbana debe acercar las viviendas a los centros de trabajo, los servicios y el equipamiento, además de ofrecer condiciones seguras para peatones y ciclistas.
Por su parte, José Antonio Torre, director del Centro de Futuro para las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, explicó que los desplazamientos también responden a las decisiones sobre dónde se construye vivienda y dónde se concentra el empleo.
“La necesidad de movernos es una consecuencia de la manera en que ha evolucionado la ciudad, hacia dónde se ha expandido la ciudad, dónde estamos ubicando la nueva vivienda, dónde está el empleo”, indicó.
Aunque reconoció avances como las nuevas líneas del Metro, la renovación de autobuses y los ajustes a rutas alimentadoras, sostuvo que la inversión en movilidad debe acompañarse de una estrategia urbana integral.
Ante ello, organizaciones civiles e instituciones académicas impulsan una Ley de Coordinación Metropolitana que permita vincular el desarrollo habitacional y económico con los corredores de transporte masivo, además de dar continuidad a los proyectos entre administraciones.
Los especialistas coincidieron en que el objetivo, es atender las causas estructurales de la crisis y evitar que el crecimiento de la metrópoli siga ampliando las distancias y los costos que enfrentan sus habitantes.