Monterrey.- Los problemas de movilidad, vivienda y crecimiento urbano en Monterrey requieren soluciones que rebasen los límites de cada municipio, advirtió un estudio internacional que señala la necesidad de fortalecer la coordinación metropolitana para reducir los efectos de estas condiciones en el medio ambiente y la salud de la población.
El reporte Climate Change and Health: Policies for Systemic Change in Monterrey, elaborado dentro de la Pathfinder Initiative y encabezado por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Hot or Cool Institute, plantea que atender estos desafíos por separado dificulta alcanzar resultados duraderos.
El análisis, en el que participaron también la London School of Hygiene & Tropical Medicine, el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica y el Centro para el Futuro de las Ciudades del Tec de Monterrey, destaca la necesidad de establecer mecanismos permanentes para que los gobiernos municipales y estatal compartan responsabilidades, recursos y objetivos.
Entre sus conclusiones, el documento coloca el fortalecimiento de la gobernanza metropolitana como una condición para impulsar políticas públicas que tengan continuidad más allá de los cambios de administración. En ese contexto, el Consejo Nuevo León señaló que los resultados respaldan la urgencia de avanzar en la discusión y aprobación de la Ley de Coordinación Metropolitana.
“Este estudio pone evidencia detrás de algo que los habitantes de la metrópoli experimentamos todos los días: nuestros problemas ya no caben dentro de los límites de un municipio. Movilidad, vivienda, infraestructura, medio ambiente y salud están conectados y necesitan respuestas igualmente coordinadas”, señaló José Antonio Torre, director del Centro para el Futuro de las Ciudades.
El especialista agregó que la aprobación de la legislación permitiría establecer reglas claras, distribuir responsabilidades y crear mecanismos permanentes para dar seguimiento a los compromisos entre los distintos niveles de gobierno.
El estudio dimensiona el crecimiento de la zona metropolitana al señalar que, mientras su población prácticamente se duplicó, la superficie urbanizada aumentó de 124 a 287 kilómetros cuadrados, una expansión que complica y encarece la provisión de infraestructura, servicios y equipamiento.
La movilidad también refleja esta transformación. El parque vehicular privado pasó de aproximadamente 474 mil unidades en 1990 a 2.57 millones en 2025, mientras que la participación del transporte público en los viajes disminuyó de 42 por ciento en 2005 a 20.1 por ciento en 2020.
Estas condiciones no solo se traducen en congestionamientos y contaminación. De acuerdo con el reporte, los traslados prolongados, poco confiables e incómodos reducen el tiempo disponible para la vida familiar y comunitaria, además de contribuir al estrés crónico y la fatiga psicológica, particularmente entre quienes tienen menos alternativas para desplazarse.
Como parte de las acciones planteadas, el documento propone orientar el desarrollo urbano hacia espacios accesibles para el transporte público y la movilidad activa, ampliar las áreas verdes e impulsar la densificación y la construcción vertical.
El análisis se apoyó en más de 30 entrevistas y un taller en Monterrey con cerca de 50 representantes de gobiernos, empresas, universidades y organizaciones civiles.
Para Consejo Nuevo León, avanzar en la legislación permitiría convertir los acuerdos entre municipios en acciones sostenidas frente a una metrópoli en expansión, con el propósito de mejorar los servicios, reducir los tiempos de traslado y elevar la calidad de vida de sus habitantes.