Monterrey.- La organización RegioPoder exigió al gobernador Samuel García, a las fiscalías de Nuevo León y al Congreso local esclarecer los presuntos movimientos financieros irregulares por más de 7 mil millones de pesos, relacionados con empresas proveedoras del Gobierno estatal y transferencias a cuentas vinculadas con familiares de servidores públicos.
El posicionamiento, encabezado por Juan Carlos Pérez Góngora, fundador de la organización, surge tras los recientes hallazgos dados a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que reportó presuntos esquemas de triangulación financiera mediante proveedores gubernamentales.
RegioPoder consideró que las operaciones señaladas generan dudas sobre la contratación de empresas, la justificación de pagos y el destino final de los recursos públicos, por lo que pidió a las autoridades actuar con independencia y transparencia para determinar si existieron irregularidades y quiénes serían responsables.
"El dinero público tiene dueño. Y no es el gobernador, ni su gabinete, ni los partidos políticos. Sus dueños somos los ciudadanos. Nadie recibe un cheque en blanco para administrar el patrimonio de Nuevo León", expresó Pérez Góngora.
Cuestionan investigaciones de la Fiscalía
Uno de los principales señalamientos de la organización está dirigido a las autoridades ministeriales que anteriormente determinaron el no ejercicio de la acción penal en investigaciones relacionadas con algunos de estos señalamientos.
Ante los nuevos hallazgos de la ASF, RegioPoder pidió revisar si las investigaciones anteriores agotaron todas las diligencias necesarias y si las resoluciones estuvieron debidamente fundamentadas.
También exigió a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitar la información correspondiente a las autoridades federales, revisar los nuevos elementos y determinar si existen motivos para emprender acciones legales.
La organización advirtió que, en caso de acreditarse omisiones deliberadas o interferencias para impedir el esclarecimiento de posibles delitos, también deberán investigarse las responsabilidades de los funcionarios involucrados.
"Cuando hay indicios de corrupción, mirar hacia otro lado no es neutralidad: es complicidad con el silencio. Quien tiene la obligación de investigar y decide no hacerlo, también debe rendir cuentas", señaló el fundador de RegioPoder.
Piden cuentas al Congreso y al Gobierno estatal
La organización también dirigió sus exigencias al Congreso de Nuevo León, particularmente a los diputados que han votado en contra de iniciar procedimientos de responsabilidad política o han promovido su conclusión.
En ese sentido, pidió transparentar las votaciones, los argumentos de cada legislador y el estado que guardan los procedimientos relacionados con el gobernador Samuel García.
Además, solicitó al mandatario estatal y a las dependencias involucradas colaborar con las investigaciones, entregando documentación contractual, financiera y administrativa que permita reconstruir las operaciones señaladas.
Entre la información que considera necesario transparentar se encuentran los contratos adjudicados, los servicios efectivamente recibidos, los pagos realizados y los mecanismos de supervisión del gasto público.
RegioPoder aclaró que sus exigencias no representan una declaración anticipada de culpabilidad ni desconocen la presunción de inocencia, sino que buscan garantizar que las autoridades investiguen posibles irregularidades y rindan cuentas ante la ciudadanía.
Finalmente, Pérez Góngora insistió en que Nuevo León necesita instituciones capaces de investigar sin presiones y de sancionar a quienes resulten responsables.
"Exigimos un Nuevo León de primera. Un gobierno de primera, una Fiscalía de primera y un Congreso de primera. No queremos privilegios, impunidad ni instituciones que se justifiquen entre sí", concluyó.