Monterrey.- Al menos 20 afectados por el presunto fraude inmobiliario de Proyectos 9 se manifestaron frente a la iglesia El Almendro, en Monterrey, para señalar a Aurelio Compean Valadez, pastor del templo, como otro de los involucrados en el conflicto.
Durante la protesta, los inconformes afirmaron que Compean Valadez figuró como propietario directo de la empresa desde el 25 de noviembre de 2025 y que mantenía inversiones en desarrollos como Torre Lalo y Sohl.
Liliana Leal, una de las afectadas, cuestionó que la Fiscalía no haya actuado contra el religioso, a quien identificó como inversionista y antiguo propietario de la desarrolladora.
“Aquí estamos en la iglesia El Almendro, cuyo pastor es Aurelio Compean Valadez y que la Fiscalía no quiere tocar”, declaró.
Los manifestantes también señalaron a Manuel Enrique N, exrepresentante y apoderado legal de Proyectos 9, como otra persona relacionada con los movimientos recientes de la sociedad.
De acuerdo con los afectados, ambos acudieron ante un notario público en junio pasado para modificar la estructura legal de la empresa y dejar como único propietario a José Aurelio N.
Leal sostuvo que el cambio habría permitido a los anteriores titulares deslindarse de las obligaciones con los inversionistas y trasladar la responsabilidad a José Aurelio N.
“Y ahora, qué casualidad que en junio de este año Manuel Enrique y él fueron con un notario y dejaron solo a José Aurelio, o sea, se están lavando las manos”, señaló.
La protesta ocurre después de que Manuel Enrique N. fuera detenido el viernes 23 de octubre de 2026, en San Pedro, Nuevo León.
El exrepresentante había frenado una primera orden de captura mediante un amparo en mayo. Sin embargo, la protección quedó sin efectos en agosto, luego de incumplir la orden judicial de presentarse voluntariamente en el Penal de Apodaca.
El caso de Proyectos 9 acumula más de 400 denuncias de inversionistas y compradores que acusan a la empresa de incumplir con la entrega de departamentos. El presunto quebranto supera los mil 200 millones de pesos.
Los afectados reprocharon la falta de avances que perciben en las investigaciones y advirtieron que mantendrán las manifestaciones hasta obtener respuestas de las autoridades y recuperar los recursos entregados.
La exigencia, señalaron, no se limita a esclarecer los movimientos corporativos, sino también a determinar las responsabilidades de quienes habrían participado en la captación de inversiones.
“Es lo que queremos, recuperar el dinero y exigimos justicia”, expresó Leal, al reiterar que el colectivo continuará con sus protestas públicas.
Los inconformes pidieron que las autoridades investiguen a las personas señaladas y esclarezcan las modificaciones realizadas a la sociedad, mientras mantienen como principal demanda la devolución íntegra de su patrimonio.