Monterrey.- La vocera de los afectados por el presunto fraude inmobiliario de Proyectos 9, Liliana Leal, anunció que comenzarán a reunir firmas para solicitar la destitución del fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores, y del vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco.
Leal acusó a ambos funcionarios de no atender sus solicitudes de información y seguimiento al caso, particularmente después de que, según dijo, proporcionó nombres de presuntos factureros y prestanombres relacionados con la investigación.
“El fiscal Javier Flores no atiende mis mensajes, no atiende mis llamados, no me quiere recibir desde que yo hablé los nombres de los factureros y prestanombres. Desde que yo dije los nombres, que él nos comentó en la reunión, no me quiere recibir.
“No lee mis mensajes y el vicefiscal tampoco y, de hecho, ahorita voy a empezar a reunir firmas para su destitución de ambos”, dijo.
El pasado 19 de agosto, los afectados sostuvieron una reunión con el fiscal Javier Flores, luego de que la intervención de autoridades federales permitió concretar el encuentro.
Tras esa reunión, la vocera aseguró que la Fiscalía les informó que estaba siguiendo la ruta del dinero relacionada con presuntos factureros, políticos y empresas que, de acuerdo con sus señalamientos, estarían vinculados con el caso.
Entre los nombres que mencionó como presuntos involucrados están Héctor Lozano Sepúlveda y Aurelio Compeán, a quienes relacionó con lo que calificó como un supuesto “cártel inmobiliario”.
El 11 de agosto, los afectados viajaron a la Ciudad de México para entregar una solicitud de atención y apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de exponer la problemática que enfrentan y exigir justicia por la pérdida de su patrimonio.
Posteriormente, se informó que, con la intervención de la Secretaría de Gobernación, se concretaría la reunión con el fiscal de Nuevo León.
Este lunes, alrededor de 20 afectados se manifestaron afuera del Consejo de la Judicatura para exigir respuestas sobre la actuación de autoridades judiciales, la medida cautelar otorgada a Manuel Enrique “N” y una reunión con el consejero Carlos Mendoza Cano.
Los manifestantes bloquearon la calle Escobedo, en su cruce con 15 de Mayo, en Monterrey, y advirtieron que permanecerían en las inmediaciones del Consejo de la Judicatura hasta ser recibidos por el consejero.