Monterrey.- Aunque Nuevo León cuenta con leyes que protegen a niños con autismo de la discriminación educativa, expertos y legisladoras señalaron que persisten fallas para hacerlas cumplir.
Durante el panel “Sanción y Castigo a las Instituciones Educativas No Inclusivas”, los participantes señalaron que las familias siguen enfrentando casos de rechazo, exclusión y condicionamientos para que sus hijos puedan estudiar.
Maribel Ramos, de Educación sin Barreras Nuevo León, consideró que el primer paso es armonizar la nueva Ley de Educación con la Ley que atiende a personas con el espectro autista, aprobada en 2023. Debido a que existen conceptos arcaicos como el maestro sombra que no fomentan la inclusión
“El maestro sombra lo que está haciendo ahorita y que es una figura que surge en los colegios particulares para decir "Bueno, te voy a aceptar, pero necesito alguien que te cuide todo el tiempo, porque yo no soy capaz de enseñarte”.
“La figura del maestro sombra es totalmente excluyente, es contrario al derecho a estar en la escuela. Lo estás excluyendo dentro de la escuela y esa es la figura que quedó aprobada en la ley de autismo”, comentó.
Por su parte, Guillermo Flores, del programa de detección del Trastorno del Espectro Autista (TEA), cuestionó que no haya sanciones ejemplares para los institutos que cometen acciones discriminatorias y no garantizan que los estudiantes neuro divergentes reciban la misma educación.
Dichas penalizaciones pueden ir desde amonestaciones y recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), hasta multas económicas y la clausura del centro educativo.
“¿Por qué no se sanciona objetivamente y claramente la violación a aquellos instrumentos o marcos legales a las cuales México, el estado de Nuevo León y particularmente los municipios que conforman el área metropolitana están presentes?
“La situación pasa de estrictamente del ámbito biomédico al de impacto social hacia esas familias. (…) Lo que me importa es el bienestar del niño o de la niña. Y ese bienestar debería en teoría estar garantizado por nuestros marcos legales”, comentó.
Las diputadas Grecia Benavides de Morena, y Sandra Pámanes de Movimiento Ciudadano, reconocieron que ha faltado supervisión de las autoridades y órganos responsables.
“Sí debe de haber un órgano rector y en este caso es el Poder Ejecutivo. La implementación la tiene que realizar la Secretaría de Igualdad, así se señala. Tiene que crear todos los mecanismos suficientes para que en ninguno de los ámbitos pueda haber algún vicio en el cual no se no se complete el respeto a la ley”, mencionó Sandra Pámanes.
“Estas leyes tienen como objetivo principal tener una comisión intersecretarial, tanto en lo federal como en lo estatal. Cada respeto a las leyes también es respetar las facultades de cada poder y de las secretarías. Para mí es importante esto porque tenemos 10 años hablando de estos temas y de los derechos humanos.
“Hemos avanzado muchísimo sin duda, pero (las leyes) son recientes también. Y para defender los derechos humanos tenemos que pasar por un proceso formativo porque no hay otra manera de entenderlos y de poderlos interiorizar y defender”, comentó Grecia Benavides.
En el panel participaron también Cecia González de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes; y la de Morena, Grecia Benavides. Aunque se invitó a la priista Lorena de la Garza, esta no asistió.