Monterrey.- El Congreso de Nuevo León aprobó dar vista a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para investigar la posible doble función de Ulises Carlín, quien se habría desempeñado como consejero jurídico del gobierno estatal y encargado de despacho de la Tesorería del Estado.
El punto de acuerdo fue presentado por la bancada del PAN, luego de que el asesor jurídico externo del Congreso, Ricardo Tamez, alertara sobre la posible incompatibilidad entre ambos cargos.
La propuesta fue aprobada por el Pleno con 29 votos a favor y nueve en contra, de acuerdo con el resultado informado durante la sesión.
De acuerdo con el documento presentado por la bancada panista, Tamez hizo del conocimiento del Congreso este martes una serie de actuaciones que demostrarían que Carlín continuó ejerciendo funciones como consejero jurídico mientras estaba al frente de la Tesorería estatal.
Entre las pruebas se encuentran 41 promociones presentadas durante 2026 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por Carlín en su carácter de consejero jurídico, además de una controversia constitucional promovida el 19 de mayo.
A estas actuaciones se suma otra controversia constitucional, presentada el 24 de junio, en la que el propio gobernador Samuel García habría reconocido a Carlín como consejero jurídico del Poder Ejecutivo.
En contraste, Carlín fue designado como encargado de despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado mediante un oficio con fecha del 1 de enero, con efectos a partir del 2 de enero de 2026.
El documento señala que esta situación podría contravenir el artículo 190 de la Constitución de Nuevo León, que establece restricciones para desempeñar simultáneamente dos o más cargos o empleos remunerados del Estado.
También se plantea una posible contradicción con el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal y el artículo 31 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que al asumir un nuevo puesto remunerado con cargo al presupuesto estatal se cesa por ministerio de ley en el cargo anterior.
Piden revisar posibles percepciones
El asesor jurídico externo Ricardo Tamez sostuvo que las autoridades competentes deberán determinar si existió alguna irregularidad y revisar las percepciones que Carlín pudo haber recibido durante el periodo en que presuntamente ejerció ambas funciones.
“Se tendría que solicitar la suspensión de ambos cargos, tanto como consejero jurídico como de encargado de despacho, valga decir que existen los dos nombramientos.
“Aunque no ha llegado al Congreso, sabemos y acompañamos en la denuncia que se la vamos a compartir, que, ante instituciones, como lo presumió el gobernador, que ya se le ha reconocido como tesorero del Estado, eso no es verdad”, dijo.
Tamez agregó que, aunque los nombramientos no habrían sido publicados individualmente en el Periódico Oficial del Estado, existen actuaciones ante instituciones federales en las que Carlín aparece con ambos cargos.
El abogado rechazó que el reconocimiento de Carlín como tesorero por parte del gobierno estatal implique que haya dejado de ejercer como consejero jurídico.
Por ello, solicitó que el caso sea investigado por la ASE y la Fiscalía Anticorrupción, para determinar si existieron responsabilidades administrativas, un posible manejo irregular de recursos públicos o alguna conducta que pudiera constituir un delito.
Con el acuerdo aprobado este martes, la Oficialía Mayor del Congreso deberá remitir a ambas autoridades una copia certificada del escrito presentado por Tamez, sus anexos y las demás constancias relacionadas con el caso.
El propio acuerdo establece que la investigación deberá determinar lo que corresponda conforme a derecho, sin prejuzgar sobre la existencia de alguna responsabilidad.