Las operaciones financieras en efectivo, en actividades susceptibles de ser utilizadas por el crimen organizado, quedarán limitadas y serán vigiladas, luego de que el Senado aprobó este jueves la creación de la Ley contra Lavado de Dinero.
Los bancos, asociaciones o fundaciones, casas de cambio, inmobiliarias, notarios, corredores financieros, fedatarios públicos y joyeros tendrán la obligación de identificar a los clientes que realicen operaciones sospechosas, reportar estas actividades con el cliente plenamente identificado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y conservar los datos de los usuarios durante 10 años.
El decreto fue enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero un artículo transitorio concede nueve meses para que se instrumente al 100%.
La normatividad prevé que personal de la Secretaría de Hacienda realice ""visitas de verificación"" en cualquier momento a las entidades privadas para comprobar el cumplimiento de las nuevas medidas.
Si no cumplen con la norma y son utilizadas para realizar operaciones indebidas podrán ser sancionadas con multas que van de 623 mil a poco más de 4 millones de pesos.
También prevé crear una Unidad Especializada de Análisis Financiero en contra de la Delincuencia Organizada, como parte de la Procuraduría General de la República, que tendrá carácter de Ministerio Público.