Ciudad de México.- Diputados de todos los partidos coinciden en que 8 de cada 10 extorsiones telefónicas se cometen desde el interior de los penales sin que las autoridades carcelarias hagan algo para evitarlo, por lo que aprobaron reformas al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para fincar responsabilidades por omisión o complicidad, según sea el caso.
La reforma obliga a los responsables de manejar los equipos de comunicación y a los concesionarios de telefonía celular y redes públicas de telecomunicaciones, presentar a la Conferencia Nacional Penitenciario un informe semestral del trabajo que realizan para que las autoridades de los penales puedan actuar para prevenir y combatir este delito.
El presidente de la Comisión de Justicia, Guillermo Anaya Llamas, manifestó que la iniciativa contribuye a inhibir y combatir la corrupción por parte de los servidores públicos, así como la posible complicidad de quienes tienen una concesión pública en materia de comunicaciones.
Francisco Conorato Rodríguez (MC) lamentó que a pesar de anteriores reformas al sistema penitenciario, las autoridades no hayan bloqueado las señales de celulares y sigan permitiendo el acceso a los penales de aparatos de telecomunicación, lo cual facilita la extorsión telefónica.