Solicitan vehículos blindados para jueces de México

Judicatura Federal quiere 70 camionetas blindadas para jueces y magistrados de cuatro entidades peligrosas de nuestro País.

Ciudad de México.- Jueces federales y estatales han volteado a ver al segmento de los vehículos blindados como alternativa de autoprotección, independiente de que muchos de ellos cuentan con escoltas.

La Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA) estima que en el año 2017 el 95 por ciento de los automotores blindados utilizados serán camionetas, cuyos precios por ejemplo de una Suburban 2016 y blindada con Nivel V y VI, oscilarán entre 120 mil y 125 mil dólares, respectivamente.

Cabe apuntar que hace un par de semanas, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), lanzó una convocatoria de licitación para la adquisición de 70 camionetas blindadas Nivel V para jueces y magistrados de cuatro entidades de nuestro país.

Ernesto Mizrahi Haiat, presidente de la AMBA, destacó que 2016 ha sido un año atípico para lo organización, puesto que el gobierno en sus tres niveles dejó de renovar unidades, incluso no se movió mucho el nicho de renta para este sector, sin embargo espera un repunte para 2017.

Dijo que la AMBA ha seguido de cerca la información que las asociaciones Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), han divulgado respecto a las reuniones con legisladores federales para que en el paquete económico de 2017 se permitan facilidades fiscales que den acceso a un auto nuevo y la modernización del parque vehicular.

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El 70% de los compradores de blindados en México corresponde al sector privado y el resto es para gobierno con los Niveles IV, V y VI. La AMBA ostenta el 65%.

Cabe apuntar que el 70 por ciento de las ventas totales de los socios de la AMBA corresponde al sector privado y el resto al público, por lo que es muy probable que las ventas a gobierno se dinamicen en 2017, principalmente porque empiezan varios gobiernos estatales del norte y centro de país, que buscan alternativas de protección para sus funcionarios de seguridad pública y procuración de justicia.