Ciudad de México.- El Congreso de la Unión aprobó una reforma al artículo 123 de la Ley Genera de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que autoridades escolares identifiquen y atiendan casos de abondo escolar.
Para ello se busca implementar un esquema de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública, a través del personal docente, y la Procuraduría de Protección del DIF, para que los menores continúen con su educación.
“Cuando un niño o adolescente falta con regularidad a clases es síntoma de que algo malo está pasando ahí, o estamos ante un caso de violencia familiar, adicciones, explotación laboral, o bien puede ser un tema de salud.
“En cualquiera de los casos el DIF es la autoridad que tiene las herramientas necesarias para cuidar los derechos de nuestros niños”, indicó el diputado federal Tomás Montoya.
Agregó que una de las formas para detectar dichas situaciones y actuar a tiempo es mediante los planteles, por ello la importancia de establecer un protocolo de protección.
En México, la problemática del abandono o deserción aumenta de forma considerable en relación al avance en los niveles de estudio.
En primaria, se registra una tasa del 0.1 por ciento, mientras en secundaria es de 3.1 por ciento; en educación superior, se concentra una tasa de 15.5 por ciento.
“No podemos dejar de mencionar que cualquier esfuerzo encaminado a mantener a nuestros niños en las aulas, será un dique a las violaciones de sus derechos, tales como el trabajo infantil, explotación sexual, violencia familiar, matrimonios y embarazos de adolescentes”, resaltó Montoya.