Ciudad de México.- Para nadie es extraño que diputados federales o locales caigan en la tentación del dinero para impulsar leyes a modo, gestionar recursos federales para municipios, frenar el aumento de algún impuesto o para revertir leyes, como en el caso del Congreso de Nuevo León donde se afirma que diputados locales recibieron 20 millones de pesos para reabrir espacios a fumadores en restaurantes.
Y es que en noviembre de 2005, cuando se discutía la Miscelánea Fiscal de 2006, el diputado federal del PAN, Miguel Ángel Toscano, denunció que legisladores de todos los partidos fueron “maiceados” por empresas de la industria cigarrera para frenar un aumento al impuesto del tabaco; aunque muchos diputados se sintieron ofendidos, hubo evidencias de que algunos aceptaron dinero y viajes al extranjero para complacer a los industriales.
Un escándalo similar se desató en la Cámara de Diputados cuando en el 2013 fueron acusados de exigir “moches”, por gestionar recursos federales para municipios, los coordinadores del PRI y PAN Manlio Fabio Beltrones y Luis Alberto Villarreal García, respectivamente.
Hoy, ante la denuncia de que algunos diputados locales de Nuevo León recibieron 20 millones de pesos para modificar la ley antitabaco para que se permita nuevamente fumar al interior de restaurantes, bares y centros nocturnos, el diputado federal del PAN, Juan Carlos Ruíz García, dijo a ABC que “es una realidad que debe ser investigada a profundidad y si alguien resulta responsable de algún delito, tiene que ir a la cárcel”.
Dijo que en la pasada legislatura hubo acercamientos de un restaurantero con los diputados para pedir que se modificará la ley antitabaco, pero no fructificaron las gestiones.
Lamentó que no existan candados para evitar que diputados caigan en la tentaciones económicas para hacer componendas legislativas: “Eso que se afirma que diputados locales recibieron dinero para cambiar la ley antitabaco debe servir para abrir una exhaustiva investigación y de ser necesario aplicar a ley, sólo así podríamos demostrar si sirve o no el Sistema Nacional Anticorrupción, de lo contrario esa reforma sería letra muerta”, señaló.
Juan Carlos Ruíz pidió que se presenten pruebas de los “moches” que se afirma recibieron diputados locales de Nuevo León para que, si hay responsables, se les retire el fuero y se les aplique todo el peso de la ley, “pero si no existen pruebas, que se ofrezcan disculpas y se limpie la imagen de los legisladores”, comentó.