Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó de madrugada, y a conveniencia, no como establecía la iniciativa ciudadana, la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mejor conocida como “3de3?.
Fueron 94 votos a favor y 23 en contra los que apoyaron una Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin hacer obligatorias la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses públicos, así como las declaraciones fiscales de los servidores públicos.
En cuanto al controvertido tema de la publicidad y contenido de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, senadores del PAN y PRD pidieron reservar el artículo 29 referente a este tema con el fin de que la redacción “abrazara” la propuesta y formatos que los más de 634 mil ciudadanos firmamos.
En este apartado, 59 legisladores votaron en contra (52 del PRI, seis del Partido Verde y un independiente), 51 a favor (34 del PAN, 16 del PRD y un independiente) y 17 abstenciones (cuatro del PAN, tres del PRD, tres del PRI, seis del PT y uno del Verde) sobre la propuesta original apoyada por más de 600 mil firmas de ciudadanos.
Sin embargo, los detalles como valor y ubicación de sus propiedades, o monto total de sus sus cuentas, así como otros detalles específicos, no serán obligatorios y dependerá del funcionario darlos a conocer.
Durante el debate del pleno, se aprobó también la presentación obligatoria de declaración patrimonial por parte empresarios que tengan contrato con el Gobierno.
El dictamen aprobado fue redactado por el legislador del PVEM, Pablo Escudero Morales, quien incorporó la palabra “podrá” con respecto a los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás contenido de la declaración patrimonial de funcionarios, sus cónyuges y dependientes económicos directos.
Los legisladores otorgaron al Comité de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para emitir los formatos de dichas declaraciones.
Fue a las 2:00 de la madrugada que se abrió un receso, dejando pendientes tres dictámenes: la ley de Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), que crea la Fiscalía Anticorrupción y la Reforma al Código Penal para tipificar el delito de corrupción.
El dictamen aprobado fue propuesto por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México en abril pasado como una versión diferente a la iniciativa ciudadana #Ley3de3, la cual fue respaldada por 634 mil firmas.
La iniciativa ciudadana proponía definir claramente la corrupción, a partir de 10 tipos de conductas ilegales.
Además, buscaba rediseñar el Sistema de Responsabilidades de los servidores públicos y planteaba sanciones a particulares en hechos de corrupción.
Más de 100 organizaciones, entre universidades, empresas y la sociedad civil, que se aliaron en el esfuerzo de recolección de firmas y la difusión de la iniciativa, que posteriormente fue entregada a la Cámara de Senadores.