México.- El anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que involucra a Rafael Márquez y Julión Álvarez como prestanombres del narcotraficante Raúl Flores Hernández y sus hijos, tienen repercusiones para los mexicanos.
Las sanciones por aparecer en esta lista de la Ley Anti-Capos tiene como consecuencias, la inmediata cancelación de la visa, congelamiento de bienes y cuentas en Estados Unidos, la prohibición de empresas estadounidenses de hacer negocios con los señalados, así como la obligación del país de identificar a los miembros de la lista y de cualquier negocio donde tengan 50 por ciento o más de propiedad los acusados.
Si una autoridad acusa formalmente a los involucrados, éstos podrían alcanzar los 30 años de prisión y multas de hasta 10 millones de dólares, más confiscaciones y decomisos.
Como los involucrados se encuentran en México, Estados Unidos tendría que pedir una detención para luego proceder con la extradición.
La Ley Anti-Capos (Kingpin Act) surgió en 1999, aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Bill Clinton, y le da el poder a las autoridades hacendarias para aplicar las sanciones a países, empresas o individuos.