México.- Gracias a una mezcla de corrupción e impunidad, 186 compañías recibieron 7 mil 670 millones de pesos del Gobierno Federal a través de contratos que violan la Ley General de Adquisiciones y que se reportaron en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014.
Pero el fraude no quedó sólo en esa violación a la ley. Más de 3 mil 433 millones de pesos simplemente desaparecieron porque terminaron en empresas "fantasmas".
Una investigación del portal Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que el desvío de recursos lo hicieron once dependencias, tan variadas como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o Petróleos Mexicanos, y contó con ocho cómplices: universidades públicas que cumplieron el papel de intermediarias y se quedaron con una comisión de mil millones de pesos por jugar este rol.
Las dependencias involucradas son: Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga; Banobras, que tenía al frente a Alfredo del Mazo Maza -gobernador electo del Estado de México-; la SEP en la época de Emilio Chuayffet; Fovissste, con José Reyes Baeza Terrazas.
También la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era el coahuilense Enrique Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario y la Secretaría de Economía, con el regiomontano Ildefonso Guajardo.
En Pemex los convenios empezaron a firmarse desde 2011, cuando era director Juan José Suárez y Felipe Calderón era presidente de la República, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya.
Las universidades involucradas son la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado.
El mismo procedimiento se emplea desde 2010 y hasta la fecha el Gobierno Federal ha firmado 2 mil 61 convenios, que involucran 31 mil 668 millones de pesos.
La investigación se concentró en 73 convenios incluidos en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014 de 11 dependencias públicas y en las empresas contratadas.
En su momento la Auditoría Superior de la Federación reportó que esos contratos eran ilegales.
La investigación de seis meses se abocó a dar con los domicilios de cada una de las empresas contratadas, cuestionar a los socios de las mismas, revisar la documentación que las acredita legalmente y confirmar si habían prestado los servicios contratados.
El esquema siempre es igual: Para eludir la Ley de Adquisiciones -que los obligaría a hacer licitaciones y poner a diferentes empresas a competir-, las dependencias firmaron convenios con universidades públicas. La ley permite hacerlo sólo si las universidades realizan al menos el 51 por ciento del servicio contratado.
Pero este no fue el caso. Las universidades subcontrataron a terceros la totalidad de esos servicios en la mayoría de los convenios firmados: distribuir despensas entre los más pobres, supervisar la perforación de pozos de Pemex, organizar eventos o detectar a personas de 15 años o más que no supieran leer y escribir. En ningún caso hubo universidad que cumpliera con el requisito del 51 por ciento.
Las universidades subcontrataron a 186 empresas y cobraron por esta intermediación una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento del total del convenio.
Esta triangulación viola la ley, como reconocen los propios funcionarios públicos consultados. Pero además, de las empresas elegidas, 128 presentan lagunas legales que les habrían impedido obtener contratos públicos y, peor aún, la mayoría ni siquiera hizo el servicio contratado.
De las 186 empresas seleccionadas en estos convenios, 128 presentan irregularidades, de acuerdo con las propias autoridades consultadas.
El Servicio de Administración Tributaria declaró “fantasmas” a 11 entre 2014 y 2015 e investiga a nueve más por la misma razón; 28 no tienen dirección; 12 fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos; ocho no están en las direcciones que declararon y 44 no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía, requisito indispensable para operar.
Además, seis se dedican a temas que no tienen relación con los servicios para los que recibieron contrato y 10 más no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Es decir, ninguna de estas 128 debió recibir contratos públicos, según la ley.
Los contratos irregulares obligaron a la Secretaría de Educación Pública a presentar, el 9 de febrero de 2015, una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, pero a dos años, la averiguación previa sigue abierta.
Los fraudes documentados no siempre son iguales. Los casos más simples son: una dependencia del Gobierno Federal le da dinero a una universidad pública y ésta lo transfiere a una empresa "fantasma".
Dato ABC BANOBRAS CONTRATÓ dos empresas, una de ellas subcontrató a cinco más, de las cuales sólo una trabaja de forma aparentemente legal y fue la única que comprobó su trabajo.
ESTE REPORTAJE ES PARTE DEL CONVENIO DE ANIMAL POLÍTICO Y PERIÓDICO ABC