Ciudad de México.- Para el Auditor Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, es un fraude el que dependencias federales usen empresas “fantasmas” para desviar 3.4 millones de pesos.
“Sí, es un fraude”, dijo Portal.
ABC publicó hoy que gracias a una mezcla de corrupción e impunidad, 186 compañías recibieron 7 mil 670 millones de pesos del Gobierno Federal a través de contratos que violan la Ley General de Adquisiciones y que se reportaron en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014
Para el funcionario federal los titulares de cada dependencia son los responsables, aunque no hayan firmado los convenios que se emplearon para desviar los recursos públicos.
Y añade: “es un claro acto de corrupción”.
Portal calificó así los resultados de la investigación de Animal Político, que confirma que 11 instancias del gobierno federal dieron contratos ilegales por casi 8 mil millones de pesos, en complicidad con ocho universidades públicas.
La ASF ya había advertido, desde 2013, que las dependencias violaban la ley al contratar a las universidades para hacer servicios que no pueden cumplir y para los que debían subcontratar a diferentes empresas.
Incluso, la ASF ha presentado 15 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el desvío de recursos públicos.
Y, sin embargo, el gobierno federal ha seguido utilizando el mismo esquema.
La investigación de Animal Político consistió en revisar las empresas a las que se les entregaron los recursos públicos y confirmó que son empresas fantasma, sin registro ante la Secretaría de Economía e ilegales.
El resultado: 3 mil 433 millones de pesos se desviaron a empresas fantasma, que no hicieron el trabajo para el que fueron contratadas. Mil millones más que se entregaron como comisión a las universidades solo por triangular los recursos y el resto del dinero sirvió para contratar servicios a precios inflados.
“Ese es un modus operandi. Empresas que se prestaron igual para recibir parte del dinero y facturar; emitir los recibos correspondientes y ya. Pero sin evidencia de que tuvieran el conocimiento ni la experiencia para llevar a cabo servicios”.
“Es una simulación de servicios muy burda no solo para el desvío de dinero, sino para la desaparición de recursos públicos”.
La revisión de las Cuentas Públicas 2013 y 2014 de la ASF confirmó que las universidades públicas firmaron convenios con las instancias de gobierno federal sabiendo que no podrían realizar los servicios.
Las Universidades, dice el auditor, también intentan simular su responsabilidad diciendo: “Yo lo único que hice fue contratar a quien me dijeron. Yo ni siquiera escogí las empresas”.
“Lo que ellos hicieron como instituciones de educación superior es indebido y la autoridad va a proceder con denuncias de hechos contra las instituciones”.