México.- En una oficina de cinco metros cuadrados dentro de una pequeña plaza comercial de Ciudad del Carmen, Campeche, operan oficialmente las empresas E&P Solutions y Energy Oil and Gas.
Se trata de empresas "fantasmas", es decir, compañías que no están en donde reportan, no pagan impuestos, usan facturas falsas y no tienen la infraestructura ni el personal necesario para dar servicios. Por eso están en la "lista negra" del SAT.
Quien tuvo tratos con estas empresas fue el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC), una universidad pública que en 2013 las contrató por 566 millones de pesos para dar “servicios profesionales especializados en ingeniería” a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Esta universidad pública de Tabasco no sólo contrató a E&P Solutions y Energy Oil and Gas. También a otras dos empresas: Drilling and Completion Services y a Integrated Reservoird Management Services de México.
Las cuatro participaron en el fraude de 566 millones de pesos y tienen en común que comparten socios, representantes legales y comisarios, quienes resultaron ser prestanombres, según se confirmó al entrevistarlos en sus domicilios, colonias populares y con altos índices de violencia de Tabasco.
No es la única coincidencia. Estas cuatro empresas tienen otro elemento en común: desaparecieron en cuanto recibieron el dinero público, según consta en la fecha que presentan las actas de liquidación entregadas al Registro Público del Comercio y en los datos de los contratos de cada convenio.
Con ese modus operandi, entre 2011 -con Felipe Calderón en la presidencia y Juan José Suárez en la dirección de la paraestatal- y 2014, Pemex entregó 3 mil 576 millones de pesos a 96 empresas, para lo que contó con la complicidad de seis universidades públicas del sureste del país, con las cuales firmó 39 convenios.
A través de la filial Pemex Exploración y Producción (Pemex-PEP), la petrolera firmó esos convenios de colaboración con la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), la Universidad Popular de la Chontalpa, el Instituto Técnico Superior de Comalcalco, la Universidad Politécnica del Golfo de México, y las Universidades Juárez Autónoma y la Tecnológica, ambas de Tabasco.
Las universidades, aunque declararon por escrito que tenían la capacidad para cumplir con todos los convenios y se quedaron con una comisión de 634 millones de pesos, contrataron a otras empresas, que tampoco podían dar el servicio, por lo que contrataron a unas más. El dinero dio tres vueltas.
La Universidad Popular de la Chontalpa, por ejemplo, declaró por escrito que tenía la capacidad para cumplir con servicios para Pemex-PEP y que “no requería la contratación de ningún tercero”. Era mentira.
El convenio 425102832 entre Pemex y la Chontalpa se firmó por 238 millones de pesos. Pero ese mismo día, la Universidad transfirió el dinero a la empresa Maheca S.A. de C.V.
Esta subcontratación se realizó sin que la Universidad justificara con un estudio de mercado que contratar a esa empresa significaba mejores precios o mejores condiciones para realizar los servicios.
En otro caso, en el convenio con Pemex- PEP 428811857, la Universidad de la Chontalpa tenía tanta prisa por subcontratar a Maheca S.A. de C.V., que firmó el contrato un día antes de sellar el convenio con la petrolera.
La Universidad de la Chontalpa repitió este modelo en al menos once ocasiones tanto con Maheca S.A. de C.V. como con otras tres empresas y repartió 861 millones de pesos.
El modelo se repitió una y otra vez hasta sumar 3 mil 576 millones de pesos.
Emilio Lozoya Austin fue director de Pemex los primeros 4 años de este sexenio.
Cuestionado sobre estos convenios, respondió a Animal Político y MCCI: “dichos contratos se asignaron a nivel de regiones, y no desde el corporativo, de tal forma que nunca conocí ni los detalles ni participé en los procesos de adjudicación.
“Si hubo posibles irregularidades, mi postura es que se investigue y en su caso deslinden responsabilidades. Esto siguiendo el debido proceso y analizando los temas técnicos que estos contratos hayan estipulado”, señaló.
Dato ABC
MODUS OPERANDI Pemex recurrió a seis universidades para hacer contratos con empresas ‘fantasmas’ y desviar 3 mil 576 millones de pesos.