sideran que la corrupción es un problema y el país se sitúa en el primer puesto en cuanto a compra de votos. Uno de cada dos mexicanos asegura haber recibido sobornos en los últimos 12 meses a cambio de su apoyo en las urnas.
En cuanto a los sobornos, México se mantiene como el segundo de la región donde más sobornos se reportan, sólo por detrás de Venezuela, con un 50 por ciento, y muy por delante del promedio regional que se sitúa en un 21 por ciento y de otros países como Brasil, con un 11 por ciento.
La policía y los jueces salen “mal parados” en la encuesta. El porcentaje de mexicanos que declara haber pagado sobornos a los primeros subió 22 puntos y 28, en el de los segundos, hasta situarse en un 52 por ciento y 35 por ciento, respectivamente.
Los expertos coinciden en que todavía queda mucho por hacer. “Falta por cerrar espacios de corrupción como las compras públicas; muchas siguen siendo por adjudicación directa, cuando lo ideal es una licitación pública”, opinó Alvarado, de MCCI.
En la misma línea, Bohórquez, de Transparencia Internacional, apunta a la necesidad de ir más allá de la retórica. “Ha habido un cambio de enfoque, el discurso es mucho más agresivo, pero estamos lejos de desmantelar las redes de corrupción y de recuperar los bienes y los activos relacionados con la corrupción”, explicó.
Ciudad de México.- La corrupción bajó en México en los primeros meses del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador o al menos, así es la percepción de la ciudadanía.
El porcentaje de la población que considera que la corrupción ha aumentado se sitúa en un 44 por ciento, 17 puntos menos que hace dos años, según el Barómetro Global de la Corrupción para América Latina y el Caribe publicado ayer por la ONG Transparencia Internacional.
Igualmente, el número mexicanos que pagaron sobornos a funcionarios públicos para acceder a servicios disminuyó, pues mientras en el 2017 un 51 por ciento realizó este acto corrupto, en 2019 sólo fue un 34 por ciento.
Meses de discurso anticorrupción parecen haber hecho mella en la opinión de los ciudadanos. Desde la llegada al poder de López Obrador en diciembre pasado, el tema se ha convertido en una bandera recurrente de sus conferencias de prensa diarias.
El Mandatario ha tomado medidas como el combate contra el robo de combustible o la reducción de los salarios de los funcionarios públicos. Mientras, la Fiscalía General de la República ha lanzado investigaciones contra importantes funcionarios de la Administración de Enrique Peña Nieto (PRI) como el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya o la exsecretaria Rosario Robles.
El 61 por ciento de los mexicanos considera que el Gobierno está actuando bien en este ámbito, frente al 36 por ciento que dice lo contrario, según la encuesta, realizada en febrero y marzo de este año en 18 países de Latinoamérica.
México es el tercer país donde menos ciudadanos sostienen que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses. En el extremo opuesto, un 87 por ciento de venezolanos opina que la situación empeoró.
Para Eduardo Bohórquez, director de la sección mexicana de Transparencia Internacional, los resultados reflejan la popularidad del nuevo Gobierno y el contraste con la Administración de Enrique Peña Nieto.
“Había una reticencia a tratar el tema. Para el Ejecutivo actual, no sólo es prioritario, sino que aparece cada día en sus conferencias de prensa”, explicó.
El Barómetro bianual muestra una mejora sustancial respecto a la anterior Administración, azotada por una serie de escándalos que hizo que se desplomara su popularidad.
En 2017, cuando Peña Nieto estaba en el poder, un 61 por ciento reprobó las acciones del Gobierno y sólo un 24 por ciento les dio el visto bueno.
Pese a los avances en la percepción, los expertos toman distancias. El investigador Ricardo Alvarado, de la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala las limitaciones de la encuesta.
“Hay un debate sobre qué tan confiables son los índices basados en percepciones. Un Gobierno muy popular tiende a mejorar estos índices”, explicó el especialista a El País.
Además, las cifras continúan siendo preocupantes. Nueve de cada diez ciudadanos con