Monterrey.- Cámaras reclaman para empresas socias los mismos tiempos que tendrán las dependencias gubernamentales para solventar los requerimientos de la ley de subcontratación laboral.
En eso coinciden la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra), las cuales han pedido se homologue la prórroga hasta principios de 2022.
Lo deseable para alcanzar una solución definitiva, dijo Coparmex, “era que se homologara el plazo entre las empresas públicas y privadas, toda vez que las primeras tienen hasta el 01 de enero de 2022 para cumplir con la reforma”.
Apuntó que 387,000 compañías enfrentan problemas operativos o técnicos y un mes de plazo extra no es suficiente para solventar en tiempo y forma los requerimientos normativos.
Mientras, la agrupación de industriales de Nuevo León advirtió que la prórroga de un mes no es suficiente para todos los cambios que se solicitan.
A través de su presidente Rodrigo Fernández, Caintra informó que existen complicaciones respecto a la saturación humana como técnica de la autoridad para que las empresas puedan dar forma al cumplimiento a las disposiciones de la nueva reglamentación.
“Vemos que la reforma va a entrar por las entidades de gobierno a principios de 2022, pudiera ser un buen momento para que comenzara la parte de la IP”, señaló Fernández Martínez.
Dicho señalamiento ha sido apoyado por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, quien ha declarado que el camino de la regularización se torna difícil, pues las empresas deben inscribirse ante la Secretaría del Trabajo, el SAT, el IMSS e Infonavit, sin embargo, dijo, “se han detectado problemas técnicos, lógicos, de un cambio tan grande”.
Pese a ello, aplaude que hasta el momento se han regularizado 2.5 millones de trabajadores y lo ideal, dijo, es que las empresas cuenten con mayor plazo para que puedan hacer los cambios necesarios.
En ese sentido, el abogado Óscar de la Vega, socio de D&M Abogados, explicó que ante tal inequidad, las empresas deberían tener al menos hasta diciembre de 2021 para ponerse al corriente con los requerimientos aprobados.