Ciudad de México.- La Juez Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato, Karla María Macías, concedió ayer una suspensión definitiva que frena la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, y la deja por ahora bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Con esta acción se detiene la entrada en vigor del decreto publicado el 9 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que ordena la militarización de la Guardia Nacional (GN).
Con su resolución, la jueza revivió el freno que la semana pasada fue revocado en menos de 24 horas por un Tribunal Colegiado en el estado de Guanajuato.
Los magistrados dejaron sin efectos la suspensión provisional que la jueza concedió desde que admitió la demanda de amparo; sin embargo, esa decisión no impedía a la jueza conceder la suspensión en definitiva, lo cual hizo en esta ocasión.
La suspensión definitiva puede ser impugnada mediante un recurso de revisión que tendrá que ser resuelto por el mismo tribunal que dejó sin efectos la suspensión provisional.
La semana pasada, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Guanajuato revocó la suspensión temporal que había otorgado la jueza el 10 de octubre para frenar la transferencia administrativa y operativa de la Guardia Nacional a la Sedena.
Esto previo a que la Fiscalía General de la República (FGR) interpuso una queja contra la suspensión provisional que otorgó la misma Juez Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato.
Grupos civiles buscan evitar lo que llaman la "militarización" de la Guardia Nacional. Foto: Especial
El pasado 13 de agosto, el juez Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato concedió la primera suspensión provisional contra el decreto y ordenó que no se transfiriera el control operativo de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El amparo fue tramitado por diversas organizaciones de la sociedad civil y forma parte de las 53 demandas colectivas que fueron presentadas en diferentes juzgados de la Federación.
El magistrado Gerardo Mendoza argumentó que el recurso de amparo iniciado era improcedente porque no demostró tener un interés jurídico o legítimo en el acto administrativo aprobado por legisladores de Morena y aliados en el Congreso de la Unión.
De esa forma, el Segundo Tribunal Colegiado negó el derecho de interponer un recurso de amparo contra el ordenamiento de transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.