Veracruz.—La impartición de justicia en Veracruz puede convertirse en un arma de doble filo cuando se deja en manos de jueces y magistrados que no tienen la calidad académica para ejercer la motivación de las decisiones judiciales.
Según el abogado Tomás Mundo fundador del Proyecto Inocencia en Veracruz, la entidad ocupa los últimos lugares según el informe del World Justice Project 2025.
“En materia penal y en materia civil nos pone como los últimos en impartir justicia en esas dos materias del país, los últimos. Estamos en el lugar 30 de 32, donde la reglita del 31 estamos a décimas”, dijo en entrevista para ABC Noticias.
Nuestra investigación nos llevó a conocer un caso muy particular en el que la Fiscalia de Veracruz anunció una sentencia ejemplar de 80 años de prisión por secuestro agravado a Marlen Esmeralda Esquivel Ríos.
El proceso evidencia el actuar de jueces y magistrados que han cargado la balanza en favor de la Fiscalia en aras de mostrar cifras halagadoras.
“Marina Gascón lo llama el síndrome de los números. Presumen números, presumen sentencias condenatorias, presumen vinculaciones a proceso, pero lo que no presumen es la calidad de las decisiones. Ese es el problema central”, sentenció el abogado litigante Tomás Mundo.
Marlen, el precio de denunciar
Los datos sobre delitos denunciados en México son alarmantes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica (ENVIPE) revela que en el estado de Veracruz, se denunció solo 6.0% de los delitos, y se abrió carpeta en 3.7% del total (7.1% en 2024).
La ENVIPE 2026 del INEGI, 51.2% de quienes no denunciaron lo atribuye a causas de la autoridad, como desconfianza o trámites largos; 63.7% percibe corruptos a los jueces.
Marlen Esmeralda Esquivel Rios fue a denunciar el robo de su tractocamión y la desaparición de su conductor. Cuatro años después, Marlen recibió una condena de 80 años de prisión por el secuestro de otro hombre: Gustavo N., quien posteriormente fue encontrado sin vida.
La Fiscalía de Veracruz presentó el castigo como ejemplar, pero una Sala Penal revocó la sentencia y ordenó su libertad.
Detrás del caso hay una llamada que escuchó un policía ministerial, una red de comunicaciones utilizada para construir la acusación y una investigación disciplinaria contra el magistrado que encabezó la absolución.
El robo que la puso en el expediente
El 2 de junio de 2021, Marlen Esmeralda Esquivel Ríos reportó el robo de un tractocamión Kenworth en un área de descanso conocida como “La Cachimba” en Rinconada, Veracruz.
Durante el atraco, el conductor también fue privado de la libertad. La búsqueda de trailer y chofer terminó vinculada con otro caso: el secuestro y homicidio de Gustavo N., quien presuntamente sabía del paradero del vehículo y que de un día para otro se esfumó.
Marlen acudió a la Policía Ministerial en Ciudad Cardel para solicitar apoyo. Su visita quedó asentada en los reportes conocidos como “noticia criminal” y descrita años después por el policía de investigación Mario Alberto Trujano Bárcenas, quien compareció como testigo de la defensa durante el juicio oral.
El policía declaró que conoció a Marlen porque llegó a sus oficinas después del robo y porque no encontraba al conductor. Recordó que la acompañó en recorridos por El Tamarindo, las inmediaciones de restaurantes y caminos de terracería para tratar de localizar al operador y la unidad.
Sin embargo la Fiscalia de Veracruz desestimó las declaraciones del oficial por considerar que la defensa hizo uso incorrecto del testigo al referir que Trujano Bárcenas declararía sobre la “noticia criminal” del 8 de junio y el oficio terminación 1102/2021 y no sobre los reportes PM/1090/2021 y PM/1111/2021 a los cuales ABC Noticias pudo acceder y que representan una prueba clave en el caso.
En medio de esas gestiones ante la autoridad ocurrieron varias comunicaciones telefónicas. Una de ellas, según el agente, fue puesta en altavoz por Marlen mientras se encontraba acompañada de su esposo y de personal ministerial.
El episodio adquirió importancia porque la Fiscalía utilizaría posteriormente las comunicaciones de esos días para sostener que Marlen había participado en la planeación del secuestro de Gustavo N.
La acusación relacionó el conflicto por el tractocamión con la desaparición de Gustavo N., señalado en la investigación como presunto responsable del robo.
El hombre fue privado de la libertad el 3 de junio de 2021 y su familia comenzó a recibir exigencias económicas. Cinco días después, el 8 de junio, su cuerpo fue localizado en Casa Blanca, municipio de Puente Nacional colindante con el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.
El 9 de septiembre de 2025, el juez de enjuiciamiento Óscar Hernández Carmona condenó a Marlen a 80 años de prisión por secuestro agravado. La Fiscalía presentó el resultado como una condena ejemplar.
“Desgraciadamente vivimos en un país en el que no importa lo que tu hagas, no importa tu trayectoria, importa lo que quieran hacer de ti”, dijo Marlen en entrevista con ABC Noticias.
Sin embargo, la sentencia sería revocada cinco meses después. La Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz concluyó que las pruebas no permitían sostener jurídicamente la responsabilidad atribuida a Marlen.
El policía que escuchó la llamada
La declaración de Mario Alberto Trujano Bárcenas es una de las piezas relevantes para reconstruir los primeros días de la investigación. El agente no compareció como un testigo ajeno a los hechos: participó en los recorridos realizados después del robo del tractocamión y elaboró informes dirigidos al Ministerio Público.
Durante el interrogatorio de la defensa, el policía explicó que Marlen acudió a sus oficinas porque buscaba a su conductor. Posteriormente, recordó una comunicación telefónica ocurrida durante el recorrido.
“Esta femenina […] hizo una llamada telefónica donde una persona del sexo masculino le contesta que le iba a ayudar a buscar su camión […] posteriormente recibió otra llamada, creo también la pone en altavoz”, dijo en el interrogatorio.
El agente relató que durante esa segunda comunicación el interlocutor mencionó a Gustavo N y habló de personas que, según su dicho, se dedicaban al robo de tráileres y a privar de la libertad a sus conductores en la zona de Casa Blanca.
También recordó que Marlen manifestó que estaba buscando a su chofer con apoyo de la Policía Ministerial. La conversación ocurrió mientras ella realizaba gestiones para localizar el vehículo robado.
El testimonio adquiere relevancia al contrastarlo con la red oficial de llamadas entrantes y salientes incorporada al expediente. El 3 de junio de 2021, a las 13:29:26 horas, una línea identificada como “Enlace” registró una comunicación hacia el teléfono atribuido a Marlen, con duración de 603 segundos, equivalentes a diez minutos y tres segundos.
La coincidencia de fecha y el contexto relatado por el agente permiten examinar la relación entre ambas piezas probatorias. El registro telefónico acredita la comunicación entre las líneas; el testimonio describe una llamada que el policía dijo haber presenciado. Su declaración, sin embargo, no establece expresamente que la comunicación escuchada en altavoz fuera la misma que aparece a las 13:29:26 horas.
Durante la audiencia, Trujano Bárcenas identificó dos informes ministeriales: PM/1090/2021, del 3 de junio, y PM/1111/2021, del 5 de junio, dirigidos al fiscal Rafael Barreiro Viveros.
Sobre el segundo documento, declaró que Marlen volvió a las oficinas para informar que ya había localizado a su conductor, pero que estaba preocupada porque había recibido una llamada en la que le solicitaban dinero a cambio de información sobre el paradero del tractocamión.
El agente explicó que le recomendó denunciar esa exigencia económica. Su declaración introduce así un elemento distinto a la interpretación acusatoria: Marlen acudió a las autoridades, participó en recorridos de búsqueda y posteriormente informó que alguien le pedía dinero por información sobre su unidad.
Durante el interrogatorio, la Fiscalía objetó que la defensa abordara informes cuya materia no había quedado precisada en el auto de apertura a juicio. El juez rechazó las objeciones dirigidas a impedir que continuara el testimonio, aunque no permitió utilizar uno de los documentos propuestos para apoyo de memoria.
El episodio procesal es relevante porque la defensa consiguió que el policía declarara sobre las gestiones de búsqueda y las comunicaciones recibidas por Marlen, aun cuando la Fiscalía cuestionó la forma en que se desarrollaba ese interrogatorio.
El número identificado como “Enlace”
En la red oficial de comunicaciones correspondiente al periodo del 1 al 8 de junio de 2021 aparece un número con lada de Veracruz 228 y terminación 5807, identificado como “Enlace”.
El registro consigna una llamada del 3 de junio a las 13:29:26 horas, con duración de 603 segundos, dirigida al teléfono atribuido a Marlen.
Los informes ministeriales PM/1090/2021 y PM/1111/2021 documentan comunicaciones relacionadas con la búsqueda del tractocamión. En particular, el segundo recoge la información proporcionada por Marlen sobre una exigencia económica a cambio de indicarle dónde se encontraba la unidad robada.
La defensa sostiene que esa comunicación fue interpretada indebidamente como parte de una coordinación criminal. Su argumento es que Marlen estaba recibiendo información y exigencias relacionadas con el robo que había denunciado, no organizando el secuestro de Gustavo.
La sentencia condenatoria utilizó las llamadas y sus conexiones con otros números para sostener la hipótesis de que Marlen había participado en la planeación del secuestro. Sin embargo, el análisis pericial recogido en esa resolución no identificó plenamente a la persona que utilizaba la línea denominada “Enlace” ni acreditó el contenido de sus conversaciones mediante los registros telefónicos.
El juez de enjuiciamiento consideró que el conjunto de indicios permitía establecer la responsabilidad de Marlen. La Sala Penal que revisó la condena llegó a una conclusión distinta: las comunicaciones no demostraban con suficiencia un acuerdo criminal ni la participación que le atribuyó la Fiscalía.
La controversia judicial se concentró, por tanto, en el alcance de la prueba. Una comunicación registrada permite conocer la fecha, la hora y la duración del contacto. Para atribuirle un propósito delictivo es necesario relacionarla con elementos que acrediten quién intervino, qué ocurrió y cuál fue su participación.
Exigencias locales y una red sin conexión directa con Marlen
Para el abogado Jorge Alberto Villar Gómez, “nadie puede ser condenado si no existe el 100 por sin posibilidades y de pruebas de que haya cometido el ilícito”, lo que se conoce como la presunción de inocencia.
“Lamentablemente en este país no impera la impartición de justicia en muchas ocasiones cuando existen intereses políticos o cuando es un asunto mediático o cuando la autoridad jurisdiccional tiene algún interés”, apuntó el litigante que ejerce en el Estado de México.
Como parte de la investigación realizada por ABC Noticias, se tuvo acceso a la reconstrucción telefónica que contiene otros números identificados como “Exigencia 3”, “Exigencia 4”, “Exigencia 5” y “Exigencia 6”.
Son líneas asociadas durante la investigación judicial con las comunicaciones y solicitudes económicas relacionadas con el secuestro de Gustavo N, pero que no arrojan el contenido específico de las conversaciones y mucho menos una relación directa con Marlen que demuestre su participación en los hechos.
De acuerdo con el análisis de la documentación, los números telefónicos, chips y correos electrónicos vinculados con las exigencias presentan características de origen local. En la red examinada no aparecen comunicaciones directas entre esas líneas ni conexiones telefónicas identificadas con el número atribuido a Marlen.
“Yo creo que nosotros confiamos en la autoridad y ese fue nuestro pecado. Desde que empezó esta historia creímos que podíamos lograr demostrar mi inocencia que no debería ser mi obligación”, dijo Marlen en entrevista para este medio.
Ese hallazgo introduce un elemento importante en la reconstrucción del caso. La existencia de varias líneas relacionadas con exigencias económicas no demuestra que sus usuarios actuaran coordinadamente ni que Marlen formara parte de esa estructura.
Los registros muestran una red más amplia que la comunicación denominada “Enlace”. Su análisis permite distinguir entre los contactos asociados a Marlen y aquellos relacionados con las exigencias dirigidas a la familia de Gustavo N.
“Sábanas de llamadas de mi teléfono que no demuestra nada, porque yo no tengo nexos con el crimen, una una llamada entrante y saliente de mi teléfono hacia el papá de al que hoy llaman víctima directa”, explica Marlen.
Otro nodo está identificado en el diagrama como “Exigencia 6 (suegra de Gustavo)”. La red registra comunicaciones asociadas a esa línea el 7 y el 8 de junio. Entre ellas aparece una llamada del 7 de junio a las 23:45:32 horas, con duración de 52 segundos, además de otros contactos durante el día siguiente.
La sentencia refiere que el cuerpo de Gustavo fue encontrado el 8 de junio. El dictamen médico citado en el expediente estimó aproximadamente 36 horas de evolución post mortem, aunque esa referencia no fija por sí sola una hora exacta de muerte.
Las comunicaciones registradas durante esos días forman parte de la reconstrucción del secuestro. Su existencia no permite identificar automáticamente a los responsables, pero sí muestra que había otras líneas y contactos involucrados en el entorno investigado.
La acusación contra Marlen se construyó a partir de una interpretación de llamadas e indicios. La ausencia de comunicaciones directas identificadas entre su teléfono y las líneas de exigencia en el diagrama examinado es un dato relevante para valorar esa interpretación, aunque no descarta por sí sola otras formas de contacto.
Para Marlen el caso se construyó con base en dichos que no tuvieron sustento alguno, “nunca investigaron nada, lo convirtieron en víctima y y a mí en victimaria y esto era al revés. Yo era la víctima. Y hoy me revictimizan”.
El entorno personal de Gustavo y otras hipótesis
La investigación también contiene referencias al entorno personal de Gustavo N. Entre las personas mencionadas aparece Brenda, con quien presuntamente habría mantenido una relación sentimental distinta de su matrimonio con Alexa.
La posible relación extramarital constituye una línea que podría ser relevante para examinar conflictos personales, pero la documentación revisada no acredita que haya tenido relación causal con el secuestro o el homicidio.
A esa circunstancia se suman referencias a posibles vínculos de Gustavo con organizaciones criminales locales en la región de Rinconada, Veracruz. Esos señalamientos no están acreditados como explicación del homicidio, pero forman parte de las hipótesis que pueden contrastarse con el origen de las exigencias económicas y los contactos documentados.
Un eventual conflicto personal o un ajuste de cuentas son posibilidades distintas de la hipótesis sostenida por la Fiscalía contra Marlen, pero esa línea de investigación nunca se puso sobre la mesa y los peritajes telefónicos siempre fueron sesgados para demostrar la responsabilidad de Marlen en los hechos.
La relevancia de esas líneas está en ampliar el examen del caso más allá del conflicto por el tractocamión. Gustavo N tenía un entorno familiar, personal y de relaciones que también forma parte del contexto de su desaparición y muerte, pero nunca fueron investigadas.
El derecho de su familia a conocer la verdad exige una investigación capaz de establecer responsabilidades individuales y examinar todas las hipótesis respaldadas por datos de modo, tiempo y lugar sin sustituir la prueba por sospechas.
El antecedente de “Michel”
La discusión sobre las comunicaciones telefónicas ya había llegado a un tribunal federal en otro procedimiento relacionado con el secuestro de Gustavo.
El 29 de septiembre de 2022, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito resolvió el amparo en revisión 132/2022, promovido por Sergio N., identificado en la investigación con el alias de “Michel”.
El órgano federal concedió el amparo liso y llano y ordenó dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso, al considerar insuficientes los datos utilizados para atribuirle probable participación.
La resolución cuestionó inferencias construidas a partir de llamadas telefónicas, posibles comunicaciones mediante aplicaciones digitales y un supuesto teléfono común cuya utilización no estaba suficientemente acreditada.
El Tribunal Colegiado advirtió, además, que los registros mostraban llamadas realizadas desde el teléfono de la víctima hacia el número atribuido a Sergio N., mientras que la acusación había presentado la comunicación en sentido contrario.
La resolución examinó un auto de vinculación a proceso, no una sentencia dictada después de juicio oral. Por tanto, su alcance jurídico fue distinto al de la absolución de Marlen.
Sin embargo, ambos expedientes muestran la importancia que adquirió la interpretación de comunicaciones telefónicas en la atribución de responsabilidades.
En el caso de Sergio N., el tribunal federal cuestionó inferencias sobre comunicaciones no demostradas. En el de Marlen, la Sala Penal concluyó que los indicios telefónicos y las demás pruebas no permitían sostener la condena por secuestro agravado.
Una condena de 80 años revocada por unanimidad
El 11 de febrero de 2026, la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz resolvió el Toca 772/2025-S. Los magistrados revocaron por unanimidad la sentencia condenatoria, absolvieron a Marlen y ordenaron su inmediata libertad.
Jonathan Cortés Vargas fue el magistrado ponente de la resolución, quien ahora se encuentra inhabilitado y a decir del abogado Tomás Mundo, es un daño colateral producto de una sanción por haber puesto en libertad a Marlen al no encontrar elementos suficientes de su culpabilidad, junto con dos magistrados más de la tercera sala.
“Lo que yo quiero dejar claro es la defensa de la legalidad en este caso, pero además se exhibe esta sumisión y falta de independencia del poder judicial con esta decisión”, apuntó Tomas Mundo.
La Sala examinó los testimonios, los dictámenes y las comunicaciones telefónicas utilizados durante el juicio. Concluyó que los elementos presentados no acreditaban con suficiencia las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la privación de la libertad ni demostraban que Marlen hubiera planeado u organizado el secuestro.
El fallo no negó que Gustavo N hubiera sido secuestrado y posteriormente encontrado sin vida. Su conclusión fue que la Fiscalía no había demostrado jurídicamente la responsabilidad penal atribuida a Marlen.
La resolución también dejó al descubierto las diferencias entre la valoración realizada por el juez de enjuiciamiento y la efectuada por los magistrados de apelación. La primera sentencia había considerado suficiente el conjunto de indicios; la segunda determinó que no alcanzaban para imponer una condena.
La orden de libertad abrió otro episodio. En una demanda de amparo indirecto presentada el 12 de febrero de 2026, el abogado Armando Vallejo Peralta denunció que Marlen continuaba recluida pese a que la boleta de libertad había sido enviada el día anterior, alrededor de las 17:14 horas.
La demanda cuestionó la permanencia de Marlen en prisión después de la resolución absolutoria. No constituyó una nueva revisión de su responsabilidad penal, sino una acción promovida por la defensa para obtener la ejecución de la libertad ordenada.
El magistrado que absolvió, bajo investigación
La absolución tuvo consecuencias que alcanzaron al propio Poder Judicial de Veracruz.
Después de la resolución del Toca 772/2025-S, el Tribunal de Disciplina Judicial del estado inició una investigación administrativa contra Jonathan Cortés Vargas por hechos que podrían constituir faltas en el ejercicio de su función jurisdiccional.
El procedimiento quedó registrado con el número TDJ/OIRA/104/2026.
El 20 de febrero de 2026, el Órgano de Investigación solicitó la suspensión temporal del magistrado mientras se desarrollaba la investigación. La medida fue concedida provisionalmente y Cortés Vargas recibió oportunidad de presentar sus argumentos.
El magistrado desahogó la vista el 26 de febrero. Posteriormente, el 5 de marzo, el Tribunal de Disciplina declaró ineficaces e infundados sus planteamientos y concedió en definitiva la medida cautelar de suspensión temporal.
Cortés Vargas acudió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su impugnación sostuvo, entre otros argumentos, que la suspensión afectaba su derecho a ejercer una magistratura obtenida mediante elección popular.
El 27 de marzo, el TEPJF desechó la demanda SUP-JDC-129/2026 al considerar que el asunto era de naturaleza disciplinaria y no electoral.
La decisión del Tribunal Electoral no resolvió si la suspensión estaba justificada ni si el magistrado había cometido alguna falta. Tampoco examinó la legalidad de la absolución de Marlen.
La investigación disciplinaria adquiere relevancia institucional por dos circunstancias: se inició con motivo de la resolución que revocó una condena de 80 años y la decisión judicial había sido aprobada por unanimidad, aunque el procedimiento se dirigió contra el magistrado ponente.
“En este caso, si hay una decisión eh del tribunal de disciplina contra un magistrado y es una decisión unánime, ¿por qué no sancionaron a las otras dos personas?”, se cuestiona el litigante veracruzano Tomás Mundo.
La existencia de un procedimiento disciplinario no demuestra por sí misma una represalia. Los jueces y magistrados pueden ser investigados y sancionados cuando existen conductas que constituyen faltas acreditadas. Sin embargo, una medida de esa naturaleza exige conocer con precisión los hechos atribuidos, las pruebas y los fundamentos de la actuación disciplinaria.
“Tenemos un estado de derecho totalmente politizado, donde no hay calidad académica”, agrego Mundo.
El caso plantea así una cuestión que trasciende a Marlen: cómo distinguir entre la revisión legítima de la conducta de un juzgador y una intervención que pudiera afectar su independencia al resolver asuntos controvertidos.
La justicia que todavía se debe
La historia de Marlen comenzó con la denuncia del robo de un tractocamión y terminó, cuatro años después, con una condena de 80 años de prisión que fue revocada por unanimidad.
Entre ambos acontecimientos quedaron una llamada que un policía ministerial dijo haber escuchado, informes oficiales sobre una exigencia económica relacionada con el vehículo robado, registros telefónicos utilizados para sostener una acusación y resoluciones judiciales que llegaron a conclusiones opuestas sobre el alcance de las pruebas.
La absolución resolvió la situación penal de Marlen, pero no esclareció quiénes secuestraron y asesinaron a Gustavo N. Su familia conserva el derecho a conocer la verdad y a exigir que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia.
La red de comunicaciones, las exigencias económicas y los contactos del entorno de Gustavo siguen siendo elementos relevantes para reconstruir los hechos. Su valoración exige distinguir entre lo que efectivamente documentan los registros y las conclusiones que las autoridades obtuvieron de ellos.
También permanece abierta la discusión institucional sobre el procedimiento disciplinario contra Jonathan Cortés Vargas. La rendición de cuentas judicial es indispensable, pero debe basarse en faltas acreditadas y respetar la independencia de quienes imparten justicia.
El precio de denunciar no puede ser una condena sin pruebas suficientes. Y el precio de revisar una sentencia tampoco puede ser poner en duda la independencia judicial sin explicar, con evidencia, qué conducta se investiga.
La justicia para Gustavo exige esclarecer el secuestro y el homicidio. La justicia para Marlen exigía que su responsabilidad se demostrara. Y la justicia para todos exige que quienes investigan, acusan y juzgan respondan por sus actos con la misma exigencia de legalidad.
En una segunda entrega ampliaremos la entrevista con Marlen Esmeralda Esquivel Rios que teme volver a prisión por consigna de una magistrada que puede ordenar a la tercera sala colegiada de Veracruz analizar de nuevo la sentencia absolutoria por la cual recuperó su libertad.
No te pierdas el documental “Marlen Esquivel, Sentencia Ejemplar” en el que detallaremos los pormenores del caso y la trama en torno a una joven mujer que pasó de ser víctima a victimaria en el estado de Veracruz, donde la gente creo poco o nada en la buena actuación de sus autoridades judiciales.