Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una sacudida institucional sin precedentes tras acumular 30 renuncias voluntarias y exigidas en su estructura ejecutiva e interna a raíz de la dimisión de su exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala.
Ante la gravedad de los hallazgos administrativos, las diez consejerías electorales acordaron de forma unánime dar vista e interponer una denuncia penal formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue una presunta red de corrupción y asignación irregular de contratos multimillonarios.
El informe oficial emitido por el órgano electoral detalla que las bajas se han concentrado principalmente en áreas clave de la administración y la organización técnica de los procesos electorales.
La lista de las 30 salidas la encabeza el personal adscrito a la oficina de la Presidencia del INE, incluyendo al exjefe de oficina Carlos Luna, así como a titulares y colaboradores de la Secretaría Ejecutiva, la Dirección de Recursos Materiales y diversas coordinaciones operativas.
Entre los exfuncionarios que han dejado sus cargos figuran Alfonso Burciaga Esparza, exdirector de Recursos Materiales; Juan Manuel Vázquez Barajas, exjefe de oficina de la Secretaría Ejecutiva; y Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien ocupó cargos estratégicos en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.
Las consejerías señalaron que, para garantizar la operatividad institucional de cara a los preparativos de los comicios federales de 2027, las vacantes serán cubiertas de forma temporal encargadurías de despacho otorgadas a perfiles técnicos del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).
Denuncia formal ante la FGR por presunta colusión y conflicto de intereses
A la par de la reestructuración de mandos, las diez consejerías del INE determinarán acudir ante las autoridades ministeriales federales para presentar la denuncia correspondiente.
La decisión se tomó luego de las indagatorias iniciadas por el Órgano Interno de Control (OIC) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que detectaron la presunta existencia de un esquema de simulación de competencia y un monopolio de proveedores de material electoral.
Investigaciones previas y filtraciones recientes mostraron presuntos vínculos entre excolaboradores de la presidencia del instituto y contratistas privados, entre ellos el proveedor Alfredo Hernández Casillas y un conglomerado de cinco empresas —incluidas Cajas Graf, Corporativo Zeg y Comercializadora JVLY— que capararon licitaciones y contratos por más de 2 mil 461 millones de pesos a nivel federal y en 27 institutos electorales locales.
La presunta red de corrupción no solo contempla a Guadalupe Taddei, sino que busca deslindar responsabilidades sobre directivos de la Junta General Ejecutiva, subdirectores y contratistas que resultan implicados.
Con este paso a las instancias penales, el arbitraje electoral busca someterse a una depuración integral que garantice la certeza y legalidad de sus funciones constitucionales.