Ciudad de México.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reveló este viernes la declaración patrimonial del ex secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, en medio de las investigaciones por el llamado huachicol fiscal que involucran a sus sobrinos políticos.
De acuerdo con el documento, Ojeda Durán declaró dos créditos hipotecarios contratados en diciembre de 2020: uno por 4 millones 559 mil 609 pesos con Banjército y otro por 1.8 millones de pesos con el ISSFAM.
El exsecretario reportó además ingresos anuales netos por 2 millones 40 mil 558 pesos, correspondientes al ejercicio inmediato anterior y exclusivamente a los ingresos del servidor público.
La declaración señala que, al momento de presentarla, Ojeda Durán figuraba en la Secretaría de Marina como asesor, con nivel SM04, adscrito a las oficinas del Almirante Secretario de Marina.
Actualmente la dependencia ha señalado que el ex secretario se encuentra en el retiro y que no desempeña funciones propias del servicio activo de la Armada de México.
Entre los bienes reportados aparece un Mitsubishi modelo 2009, con un valor de 285 mil 913 pesos, adquirido mediante crédito. El documento no registra bienes inmuebles a su nombre.
Revelan su patrimonio en medio de investigación por huachicol fiscal
La publicación de la declaración ocurre en medio de las investigaciones por huachicol fiscal relacionadas con los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos de Ojeda Durán. La defensa de uno de los detenidos solicitó que el exsecretario sea llamado a declarar como testigo dentro del proceso.
Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Ojeda Durán “no está escondido” y sostuvo que no existe una carpeta de investigación en su contra.
La declaración de Sheinbaum se dio después de que la Fiscalía General de la República informara que no había logrado localizar a Ojeda Durán para entregarle un citatorio relacionado con el proceso.
La Secretaría Anticorrupción señaló que las declaraciones patrimoniales se presentan bajo protesta de decir verdad y que la información asentada es responsabilidad de los propios servidores públicos.