Ciudad de México.- El traslado de Ernesto “N”, exgobernador de Baja California, del Centro Federal de Readaptación Social “El Altiplano” a su domicilio no modifica el proceso penal que enfrenta por presuntos delitos de delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos, aclaró la Fiscalía General de la República (FGR).
La persona imputada dejó el penal federal luego de que una autoridad judicial determinó que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa se cumpla en su domicilio por razones humanitarias, a partir de los argumentos de su defensa sobre su edad y problemas de salud.
La FGR precisó que esta determinación únicamente modifica el lugar donde se cumple la medida cautelar y no significa que el proceso penal se detenga o cambien las condiciones de la acusación.
La Fiscalía explicó que los delitos que se le imputan están contemplados entre aquellos que, conforme a la Constitución, requieren prisión preventiva oficiosa, por lo que su aplicación no depende de una decisión discrecional del Ministerio Público Federal.
El caso deriva de una investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) sobre una presunta red dedicada al contrabando de combustible.
De acuerdo con la indagatoria, la estructura utilizaba ferrotanques para desarrollar sus operaciones y estaría relacionada con una empresa dedicada a servicios portuarios, dragados y operación de puertos, de la cual Ernesto “N” figura como uno de los principales socios.
La FGR sostuvo que la investigación cuenta con diversos datos de prueba, entre ellos dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información financiera.
Entre los elementos señalados por la Fiscalía está el comportamiento financiero de la empresa, que habría registrado movimientos millonarios en cuentas nacionales considerados incongruentes con su perfil fiscal.
La dependencia sostuvo que estos elementos forman parte de los datos de prueba que sustentan la investigación y reiteró que el procedimiento continuará conforme a las determinaciones de la autoridad judicial.
La FGR también manifestó su respeto a las resoluciones del Poder Judicial Federal, así como a la ley y al debido proceso.