Parece ofensivo que lo escriba así, cuando se supone que los congresos tienen la encomienda de cumplir y hacer cumplir las leyes.
Sin embargo, la realidad es que nuestros parlamentos toman las decisiones más importantes de la comunidad, con base en consensos políticos. Y en muchas ocasiones, estos acuerdos consisten en intercambio de favores que necesitan “una ayudadita” para salir, porque o no cumplen con las leyes, o serían altamente cuestionados por la comunidad.
Por ejemplo: la Ley de Movilidad. A pesar de haber sido aprobada en diciembre del 2019, no se ha podido aplicar del todo porque 20% de sus artículos están siendo impugnados con amparos, ya que se presumen violaciones a garantías constitucionales.
A pesar de que algunas voces señalamos estas inconsistencias antes de su aprobación, por “acuerdo político” se decidió que se aprobaran tal cual.
Y miren los resultados: la ley es letra muerta, y el sistema de transporte es un caos que sufren millones de ciudadanos.
Otro ejemplo: las designaciones públicas. En la pasada legislatura la mayoría de las designaciones hechas por el Congreso tuvieron irregularidades graves. Algunas no cumplieron con la Constitución Mexicana, otras con leyes secundarias.
El Congreso designa los cargos públicos más importantes que no llegan por elección popular. ¿Qué gestión van a desempeñar las personas designadas si llegaron con mañas?, ¿se conducirán con apego a las leyes? El efecto negativo de designar a #CuotasYCuates es multiplicador y daña a todas las instituciones públicas.
Y así hay muchísimos ejemplos más, que nos costaron miles de millones de pesos de irregularidades en gasto público, que las mayorías “perdonaron”. Con apego a derecho, a las leyes, esto no sucedería. Pero alguien, seguramente, pidió el favor.
La única forma de romper este ciclo vicioso es poniéndole lupa a las diputadas y los diputados. Hacerlos responsables de los problemas públicos por sus leyes y nombramientos mal hechos, con nombre y apellido.
El Congreso ejerce poder sobre el presupuesto y los nombramientos, y es el único que puede remover a los servidores públicos que dañan a la comunidad. ¿Te imaginas la mejoría que habría en Nuevo León si el Congreso fuera verdaderamente un contrapeso al resto de los poderes, defendiendo la legalidad y los intereses de la ciudadanía? La historia nos muestra que estas intenciones se pierden en intereses políticos.
La Legislatura 76 tiene la oportunidad de cambiar esta historia y convertirse en un referente de legalidad y actuación por el bien común.
Pero no nos ilusionemos, esa voluntad no surge espontáneamente: emana de la vigilancia y presión que ponga la ciudadanía, a partir de trasladarle al Congreso el costo de cada una de sus acciones y omisiones.
La autora es exdiputada local y maestra en Análisis Político por la Escuela de Transformación Pública del ITESM.
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