Comentar un ordenamiento legal implica una labor de coordinación amplia, que va desde el proceso de selección de los perfiles que participarán en cada una de las porciones normativas que lo integran, la revisión de los contenidos, su integración como una unidad global, hasta el proceso de impresión y socialización.
Por ello, las legislaciones que son comentadas tienen como eje central la búsqueda de los perfiles más adecuados a las temáticas que deben abordarse, esto es, que las personas que van a participar reflejen no sólo los aspectos explicativos, sino definir las problemáticas que se pueden presentar en una determinada disposición, sin dejar de lado las propuestas que advirtieron, para la perfectibilidad que siempre lleva a las reformas cuando se detectan áreas de oportunidad.
En ese sentido, la Ley General en Materia de Delitos Electorales que se conforma por 29 artículos –incluyendo el 7 Bis, 11 Bis y 20 Bis como últimas adiciones–, es una norma especializada que se caracteriza por la conformación de dos materias, pero de predominio penal, ya que la parte adjetiva debe atenderse conforme lo mandata el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero en lo sustantivo hay referencias muy claras respecto a las disposiciones jurídicas aplicables en la preparación, organización y calificación de los procesos electorales.
Ciertamente, desde el primero de sus artículos se observa que el bien jurídico tutelado en su generalidad, consiste en proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral –y sus distintos principios que la rigen o se interrelacionan– y la consulta popular.
Es, precisamente por la especialización de la ley, ante la dualidad que representa el estudio de los delitos electorales, que se requirió de esa composición de perfiles, tanto de expertos en la academia como en el servicio público.
En ella, no sólo se encontrará una línea jurisprudencial aplicable a los preceptos comentados, sino una herramienta de consulta actual que propicia la generación de conocimientos en las aulas, la construcción de argumentos para los operadores jurídicos o, bien, una lectura que abona en la comprensión profunda sobre los delitos electorales, en su dimensión instrumental y sustancial.