A propósito del inicio del proceso electoral en Nuevo León el día 4 de octubre de este año, me gustaría empezar por realizar un ejercicio de imaginación, ¿pueden visualizar un proceso electoral en el que solo se encuentren hombres? En la fila de votación, en las mesas directivas de casilla, en las boletas de candidatos. Aunque hoy pueda parecer algo difícil, así eran las votaciones hace más de 70 años.
Esta situación cambió el día 12 de febrero de 1947 al adicionarse al artículo 115 de nuestra Carta Magna, el reconocimiento al derecho de las mujeres para ejercer el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.
Sin embargo, fue hasta el 17 de octubre de 1953, durante el sexenio del presidente Adolfo Ruiz Cortines, cuando se publicó el decreto que reformó nuestra Constitución Federal, concretamente, los artículos 34 y 115, incluyéndose de manera expresa a las mujeres como ciudadanas de la República y suprimiéndose el mandato constitucional que delimitaba su participación sólo a las elecciones municipales.
Es hasta el año de 1955 cuando las mujeres ejercitan por primera vez el derecho humano a votar en elecciones a diputaciones federales, lo que marcó el punto de partida a fin de garantizar sus derechos político-electorales.
Esta importante participación política se vio reflejada en el año 1954, que fue electa Aurora Jiménez de Palacios como la primer diputada federal en la historia del país, siguiéndole María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia en 1964 como las primeras senadoras electas, y Griselda Álvarez Ponce de León en 1979 como la primer gobernadora.
No obstante de estos avances, persisten aun en nuestra sociedad la violencia de género, la brecha salarial, la falta de representación y la desigualdad en todos los ámbitos.
A pesar de dichos obstáculos, las mujeres han sabido desenvolverse, estoy plenamente convencido que las conquistas que han obtenido en la historia moderna prevalecerán, su lucha no puede detenerse, la vía está libre y ya nada puede pararlas.