De acuerdo al artículo 41 de nuestra Constitución Política Federal, la organización de las elecciones es un una función estatal que tiene como uno de sus principios rectores, la imparcialidad.
Lo anterior, implica que las personas servidoras públicas tienen la obligación de aplicar los recursos que están bajo su responsabilidad, en atención al cargo que desempeñan, sin influir en la equidad de la competencia ya sea para beneficiar o perjudicar a alguna opción política.
Incluso, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en sus artículos 9 y 11, señala penas que pueden ir desde los dos hasta los nueve años de prisión y de doscientos a mil días multa para las personas servidoras públicas que atenten contra este principio.
Conscientes de tal situación, en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León, estamos implementando el Sistema de Blindaje Electoral 2023-2024, que tiene como finalidad informar a las y los servidores públicos del Estado de Nuevo León, sus derechos y obligaciones relacionados con las elecciones 2024, buscando fomentar la cultura de la prevención y la denuncia del Delito Electoral en el ejercicio diario de sus funciones.
Dicho sistema, conlleva la implementación de acciones como preparación a los cuerpos policiacos al ser el primer respondiente; acercamiento e información de los mecanismos de denuncia para la pronta atención y seguimiento a la Violencia Política en razón de Género; instalación de sellos simbólicos previo a la jornada comicial en diversas dependencias; y protectores de pantalla con diseños alusivos a la prevención de los ilícitos en la materia, en los equipos de cómputo.
Tengo la firme convicción que, por medio de las distintas herramientas preventivas, lograremos disminuir los índices de delitos electorales que son realizados, principalmente por desconocimiento, pues una sociedad debidamente informada, es menos propensa a cometerlos.