Mientras más avanza la reforma judicial, más crecen mis dudas y temores en lugar de aclararse. Mientras más la explican, más se hacen bolas. Trataré de no emitir un juicio sólo plantearé algunos hechos.
La complejidad de la reforma implica que en 2025 sean electos la totalidad de los ministros de la Corte que de 11 pasaron a 9, así como la mitad de jueces y magistrados federales que son alrededor de 850; al igual que otros 17 cargos entre magistrados del tribunal electoral y del disciplinario.
En Nuevo León elegiremos a 54 juzgadores entre más de 450 candidatos. Para dimensionar tal despropósito hay que considerar que en una elección conjunta de los poderes ejecutivo y legislativo federal y local escogeríamos 7 candidatos de entre 30 cuando mucho. Usted ya sabe los errores y el precio de nuestras decisiones, imagine cuando tenga que seleccionar a 54 entre 450.
Entre apatía y falta de comprensión es común que los electores confundamos funciones, responsabilidades y diferencias entre diputados federales, locales y senadores, también las tareas de alcaldes y gobernadores, pero Morena y su mayoría calificada tiene otros datos y propone que tomemos la mejor decisión para seleccionar a quienes decidirán si se violentó un derecho humano o una norma constitucional en materia de derecho administrativo, civil, penal, mercantil y familiar entre otros, así de fácil.
La mayoría en el poder legislativo tomó esta decisión en una discusión no mayor de 24 horas sin escuchar la opinión de expertos juristas y juzgadores. El desaseo en el proceso legislativo los llevó a aprobar redacciones contrarias en el texto final. Ningún profesionista del derecho reconocido ni las academias aprueban la reforma.
El texto final fue publicado cuando ni siquiera tenían una idea del costo del proceso electoral que ahora sabemos será de 13 mil millones de pesos, casi el doble del proceso presidencial. Tampoco conocen las reglas y la dinámica de las campañas correspondientes, ni los cargos vacantes por ello recurrieron a la infame tómbola, así lo resolvieron.
Esta idea reformista tiene como modelo al sistema seguido en Bolivia, el único país del mundo que elige popularmente a todos sus jueces. A eso aspiramos.
Ocho de calificación y cinco cartas vecinales requisitos para ser candidato, experiencia y capacidad son secundarias.
Sin financiamiento público ni privado para campañas sobrarán apoyos no identificados, patrocinadores anónimos en Badiraguato o Santa Rosa de Lima. Generosos, desconocidos y desinteresados serán los donantes y donativos a cambio de popularidad para ganar en las urnas.
El currículum de 450 candidatos estará a nuestra disposición para tomar la mejor decisión seleccionando a 54 después de evaluar sus propuestas para impartir justicia en las distintas especialidades del derecho.
La supremacía constitucional aprobada como epitafio del Poder Judicial. Implica que ninguna reforma constitucional pueda ser impugnada, no importa de que se trate nadie la podrá cuestionar.
Así, ¿Qué podría salir mal?