¿Qué es lo que resuelve la SCJN y cuántos ministros la integran?
¿Qué asuntos decide la Sala Superior y la Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
¿Qué diferencias existen entre las responsabilidades de Ministro, Magistrado y Juez de Distrito?
¿Cuántos Magistrados integran los tribunales electorales de la federación y cuántos serán electos?
¿Cuáles son las funciones del tribunal de disciplina judicial y quiénes conforman dicho órgano?
¿Qué resuelven los Magistrados y los Jueces de Distrito y cuáles son sus diferencias por competencia?
¿Cuántos cargos serán electos en Nuevo León y a quiénes conoces?
Estas son las preguntas básicas que deberá responder acertadamente para tomar la mejor decisión el próximo 1 de junio. Surrealismo puro, ese el reto que el ciudadano común tiene frente a sí en estas próximas elecciones.
Difícil imaginar en casa una discusión familiar valorando perfiles, currículums y expertis jurídico para definir preferencias y prepararse para ir a votar, seleccionando a los mejores juristas entre 190 opciones.
Este es el cambio histórico, el modelo democrático que la cuarta transformación impuso para reconstruir un poder judicial como ninguno otro en el mundo. El poder del Estado encargado de impartir justicia interpretando la Constitución y todas las leyes que de ella emanan que a partir del 2 de junio será convertido en un apéndice del ejecutivo quien será el verdadero intérprete de la norma que cuando sea impugnada será resuelta conforme a los intereses de quien gobierna y no del gobernado, como en toda dictadura los tribunales darán siempre la razón al estado.
Una venganza presidencial a la que se le dio continuidad en el actual gobierno, la consigna era muy clara, terminar con lo que había empezado su antecesor, la destrucción de instituciones y poderes del Estado para cooptarlos, apoderarse de ellos y con esto lograr la permanencia de un movimiento político inspirado en las ideas que no ideales de un solo hombre.
Improvisación a través de una tómbola como método de selección y desaseo en la designación de candidatos impresentables que cuentan con antecedentes penales o carecen de las más elementales calificaciones profesionales, fueron la constante de principio a fin desde que la reforma judicial fue concebida.
Su diseño y ejecución fue encargado a un ministro de triste memoria que antes a pregunta expresa había asegurado que dicho método (el de elección popular) era un despropósito, un jurista que tiró la toga y el mallete por ambición acompañada de una muy buena dosis de traición.
Votar a ciegas no significa cumplir con un deber cívico, nos hace cómplices de una farsa que no debemos convalidar, un proceso que nació muerto.