En Nuevo León, cuando se inaugura una obra pública, la escena suele sonar así: “Les trajimos una cancha”, dice la autoridad. “Agradecemos a nuestro alcalde”, se escucha en un acto. “Agradecemos a nuestro gobernador”, en otro. La escena nos resulta tan familiar que casi se nos olvida hacer la pregunta de Chico Che:
¿Quién pompó?
La ciudadanía.
Y eso cambia la conversación. Si la obra fuera un regalo, bastaría con dar las gracias. Como se pagó con dinero público, podemos preguntar por qué se hizo, cuánto costó y si resolvió el problema que motivó el gasto público. Podemos hacer esas preguntas incluso cuando la obra nos gusta y cuando tenemos una buena opinión de quien la inauguró.
El 10 de noviembre, el Congreso de Nuevo León pidió a la Contraloría estatal que informe qué revisiones ha realizado ante denuncias relacionadas con contrataciones del Gobierno del Estado. La Auditoría Superior de la Federación ya había descrito posibles patrones de triangulación de recursos públicos a través de proveedores. Una denuncia no acredita responsabilidades. Pero la discusión sí nos permite preguntarnos qué podemos saber del gasto público sin tener que esperar a que estalle una controversia.
Pensemos en una colonia que lleva años pidiendo un cruce seguro. Un día el gobierno anuncia que construirá un puente peatonal. Para el vecino que cruza, la primera pregunta no es cuánto costará el puente. Es por qué un puente. ¿Se consideró un cruce a nivel de calle? ¿Cómo lo va a usar una persona mayor? ¿El acceso le queda de paso a quien baja del camión? Puede haber buenas razones para construirlo. Conocerlas antes de que empiece la obra permite algo que ninguna auditoría puede devolvernos después: la posibilidad de corregir una decisión a tiempo.
Esa es la parte de la transparencia que más me interesa. Una factura puede demostrar que se pagó lo convenido. Una inspección puede comprobar que se construyó conforme al contrato. Ambas cosas importan. Pero ninguna contesta por sí sola si lo que se compró era lo que hacía falta. Un gobierno también rinde cuentas cuando explica qué problema quería resolver, qué opciones consideró y por qué eligió una.
En agosto escribí en este espacio sobre la #LeyNarciso, a partir de una pregunta: ¿quién paga la promoción digital de quienes gobiernan? Hoy parto de una respuesta conocida: cuando se trata de gasto público, pagamos entre todos. Lo que todavía está en discusión es si podemos conocer las razones de una decisión cuando aún sirve de algo conocerlas.
En diciembre de 2025 presentamos desde #RegioPoder #LeyOjoRegio, una iniciativa para reformar la ley de transparencia de Nuevo León. Propusimos un consejo ciudadano para vigilar que las autoridades den acceso efectivo a la información pública. Eso significa que preguntar por un contrato, una decisión o el resultado de una revisión debe ser posible para cualquiera, sin depender de que un legislador haga suya la pregunta o de que un caso se vuelva noticia.
En este caso espero que la autoridad dé la cara y explique qué pasó: qué revisó, qué pudo comprobar y qué falta por aclarar. Si los documentos desmienten una sospecha, qué bueno. Lo que no podemos normalizar es quedarnos con versiones cuando hay una autoridad que puede dar respuestas.
También nos toca aprender a ejercer la ciudadanía. Hacer preguntas, presentar solicitudes de información y volver a preguntar si la respuesta no aclara nada. Hemos dejado que pedir cuentas parezca una descortesía. Esa costumbre le ha resultado demasiado cómoda al poder. Merecemos más. Recuperar nuestra dignidad colectiva empieza por dejar de pedir permiso para preguntar por lo que pagamos entre todos.
#SiTeImportaTePertenece
Si quieres sumarte, escríbeme a arturo@regiopoder.org