Monterrey.- El aseguramiento de un inmueble y equipo de cómputo, así como la vinculación a proceso de Fernando “N”, Gerardo “N” y David “N”, marcó un avance relevante en una investigación federal por los delitos de falsedad de declaraciones y uso de documentos falsos, en un caso que habría provocado un quebranto económico al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mediante la simulación de relaciones laborales inexistentes en Monterrey.
De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República, los tres imputados fueron vinculados a proceso por su presunta participación en un esquema en el que, en su calidad de abogados, patronos y litigantes, habrían falseado declaraciones ante autoridades laborales. Las indagatorias señalan que los implicados actuaban como representantes de una asociación dedicada a asuntos legales, desde donde presuntamente falsificaron firmas de actores en juicios laborales y utilizaron documentos apócrifos para acreditar empleos inexistentes, semanas cotizadas que no correspondían a la realidad y salarios inflados, todo ello dentro de distintos expedientes laborales.
Como parte de esta investigación, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León, solicitó y obtuvo de un juez federal la autorización para ejecutar una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Mitras Centro, en el municipio de Monterrey.
La carpeta se abrió en julio de 2023, luego de que el apoderado legal del IMSS presentara una denuncia al detectar presuntas irregularidades en diversos procedimientos laborales. A partir de ese momento, las autoridades federales comenzaron a recabar información y elementos que apuntaban a la utilización sistemática de documentación falsa para obtener beneficios indebidos y generar afectaciones a las finanzas del instituto.
El operativo de cateo fue llevado a cabo por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Durante la intervención, los agentes aseguraron tres equipos de cómputo, así como diversa documentación relacionada con trámites y expedientes ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Poder Judicial de la Federación, material que será analizado como parte de la investigación en curso.
El Ministerio Público de la Federación continuará con la integración de los datos de prueba correspondientes durante el plazo establecido por el juez para la investigación complementaria, con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades penales que correspondan a los involucrados.
La FGR recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, las personas señaladas y vinculadas a proceso desde el pasado 15 de diciembre de 2025, se consideran inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.