Monterrey.- A pesar de que son consideradas anticonstitucionales y discriminantes, los municipios metropolitanos siguen implementando las revisiones de rutina.
Según el artículo 16 de la Constitución Mexicana, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Sin embargo, entre los mismos municipios existe discrepancia ante la aplicación de dicha medida de seguridad.
Monterrey reporta ocho mil 500 revisiones de rutina al mes, pero la información de cuántas personas han sido detenidas por este medio la mantiene reservada.
Escobedo aceptó que realiza dicha práctica, pero en el mismo documento la Secretaría de Seguridad municipal señala que sus policías actúan bajo un protocolo actualizado conforme al Sistema Penal Acusatorio y con apego al artículo 16 constitucional, el mismo que prohíbe las revisiones de este tipo.
Apodaca también entregó información sobre detenciones "en revisiones de rutina, preventivas y aleatorias".
En todo el 2015 fueron detenidas en el municipio 10 mil 122 personas "en revisiones de rutina, preventivas y aleatorias", de las cuales el 94 por ciento fueron por faltas administrativas.
Mientras que San Nicolás y Santa Catarina aceptaron desarrollar dicha práctica, pero negaron dar el número de cuántas se efectúan, debido a que el primer municipio argumentó que es algo que no entra en sus estadísticas, y el segundo respondió que es información confidencial.
El Municipio de San Pedro, en respuesta a una solicitud de Transparencia, afirma que las revisiones de rutina son ilegales y por lo tanto no son una actividad que realicen los policías de su corporación.
"Por lo que respecta a las revisiones de rutina no existen, debido a que las mismas son violatorias de los derechos humanos, menos aún las aleatorias".
Ante este hecho, la Comisión Estatal de Derechos Humanos envió un escrito a ABC y advirtió de la ilegalidad en la que pueden caer las revisiones de rutina si no existen investigaciones de por medio.
“Los operativos no pueden llevarse a cabo si no existen condiciones circunstanciales que justifiquen su realización, ya sea porque haya una denuncia o porque se exterioricen acciones que objetivamente den lugar a considerar que se pretende ocultar la realización de un delito”, se lee en el comunicado.
El organismo recalca que la autoridad debe señalar la información sobre los hechos y circunstancias que acrediten su actuar y apegarse a los principios constitucionales, respetando el derecho de libre tránsito de las personas.
Por su parte, Martín Sánchez, director de Renace, indicó que las revisiones son discriminatorias y atentan contra la libertad de los ciudadanos.
“Estos retenes atentan contra la libertad de tránsito que deben de tener los mexicanos de cualquier estado de la república y Nuevo León no es la excepción”, aseguró Sánchez.