Monterrey.- El Sistema Penal Acusatorio cuestionado, reproches por su apoyo al Estado y conflictos con los diputados conforman la imagen del Poder Judicial que deja su presidente, Carlos Arenas Bátiz.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) concluye mañana la gestión que comenzó en 2015, casi al tiempo que Jaime Rodríguez Calderón ganó la gubernatura.
A su llegada a la presidencia del Poder Judicial cesó a 19 empleados de la Oficialía de Partes por manipular el sistema con el que se enviaban los casos a los juzgados.
Además, comenzó una serie de auditorías por presuntas anomalías en licitaciones hechas entre 2014 y 2015.
Durante su gestión, la principal queja de alcaldes y ciudadanos fue la liberación de delincuentes por la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio.
El magistrado fue criticado por los alcaldes y fue considerado “persona non grata” por Mauricio Fernández, alcalde del municipio de San Pedro, por la liberación del secuestrador de algunos sampetrinos.
La administración de Arenas Bátiz también estuvo en la polémica por las irregularidades en las licitaciones.
ABC publicó en 2016 que con su gestión, el Poder Judicial tuvo a cinco empresas favoritas para la contratación de servicios de tecnología, aunque el magistrado presidente desconoció el cuestionamiento.
En agosto de ese año, Arenas Bátiz hizo públicas sus aspiraciones para integrarse al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como magistrado.
Aunque alcanzó a formar parte de la terna final ante el Senado de la República, no alcanzó la designación.
A Arenas Batiz también le tocó vigilar el proceso legal iniciado contra el exgobernador Rodrigo Medina por el presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos en la llamada “Operación Tornado”.
Uno de los jueces estatales de control, Miguel Ángel Eufracio Rodríguez, conmocionó al estado cuando ordenó el internamiento del exmandatario en el Penal del Topo Chico, pero como Medina contaba con un amparo salió a las 19 horas y demandó al juzgador, quien quedó vinculado a proceso por violar la Ley de Amparo.
Cuando comenzó el proceso contra el juez estatal, Arenas Bátiz aseguró que acompañaría al juzgador, pero éste acudió sólo a la audiencia donde fue imputado por un juez federal.