Monterrey.- El fundador de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, salió en defensa del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, ante los señalamientos relacionados con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al acusar que Morena busca desprestigiar a los representantes emecistas mediante una estrategia de guerra sucia.
Delgado sostuvo que las acusaciones difundidas contra integrantes de su partido carecen de sustento suficiente y consideró que responden a intereses políticos para debilitar a MC rumbo a los próximos procesos electorales.
“Todas las acciones que se han emprendido son como consecuencia de refritos de medios de comunicación que no están soportados más que en dichos, y eso es una guerra sucia”, expresó.
El dirigente emecista señaló que cualquier investigación o señalamiento debe contar con elementos concretos y no basarse únicamente en declaraciones públicas o publicaciones periodísticas.
Asimismo, acusó a Morena de impulsar conflictos políticos contra representantes de MC en diferentes entidades del país, entre las que mencionó Veracruz, Tabasco, Campeche, Puebla y Nayarit.
“Morena sabe que la única alternativa real en todo México es Movimiento Ciudadano. Por eso nos crean problemas con alcaldes en Veracruz, en Tabasco, en Campeche”, manifestó.
Delgado aseguró que estas acciones responden a la preocupación del partido gobernante por el crecimiento electoral de MC, al que consideró la principal alternativa política frente a Morena.
También cuestionó la capacidad del PRI y del PAN para competir individualmente en las elecciones, al señalar que ambos partidos buscan alianzas debido a la pérdida de respaldo ciudadano.
“No queremos ofender al PRI, al PAN, pero en ninguna parte del país son competencia por sí solos”, afirmó.
Pese a sus críticas, aclaró que MC no tiene como estrategia confrontar permanentemente al Gobierno federal, pues aseguró que su partido respeta las decisiones de los ciudadanos y las instituciones del país.
Finalmente, adelantó que MC impulsará una iniciativa para fortalecer la autonomía de las fiscalías y evitar que las instituciones de procuración de justicia sean utilizadas como instrumentos de presión política contra sus adversarios.