Ciudad de México.- La disputa política de Nuevo León llegó nuevamente a la Fiscalía General de la República (FGR). Clara Luz Flores, coordinadora estatal de Defensa de la Transformación, y el senador Alejandro Murat acudieron a las instalaciones de la institución para ampliar las denuncias contra el gobernador Samuel García y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
La primera acusación señala al mandatario de Movimiento Ciudadano por una presunta red de triangulación de dinero del erario estatal hacia empresas particulares y, posteriormente, a un despacho jurídico y fiscal relacionado con familiares del gobernador.
El expediente incluye señalamientos contra su esposa, Mariana Rodríguez; su padre, Samuel Orlando García Mascorro; su hermano, Samuel Orlando García Villarreal; el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores, y Eric Peñalver Serna, primo del funcionario.
Samuel García: Más de 7 mil 200 millones bajo revisión
El monto adquiere relevancia por los resultados de la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2025. La auditoría identificó operaciones de triangulación que involucran aproximadamente 7 mil 212 millones de pesos, de los cuales 928.13 millones habrían llegado a un despacho jurídico relacionado con el gobernador y su padre.
En una denuncia anterior, Morena había señalado una presunta triangulación superior a mil 400 millones de pesos y solicitado investigar posibles delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, abuso de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Para la ampliación, los morenistas buscan que también se investiguen posibles conductas de delincuencia organizada y ejercicio abusivo de funciones, además de los movimientos financieros y los gastos de publicidad en plataformas digitales, que habrían alcanzado 81.6 millones de pesos.
Adrián De La Garza: El Caso Next Energy
La segunda denuncia está relacionada con el contrato de suministro de energía eléctrica y alumbrado público celebrado con la empresa Next Energy durante la anterior administración municipal de Adrián de la Garza.
Los señalamientos incluyen a la excontralora municipal Jovita Morín Flores, además de empresas y particulares vinculados con el contrato. Morena solicita investigar posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El posible daño patrimonial señalado en este expediente ronda los 7 mil 300 millones de pesos. La controversia gira alrededor de las condiciones del contrato, los compromisos financieros y su posterior terminación, luego de años de litigios e incumplimientos atribuidos a la empresa.
La ampliación de ambas denuncias busca que la FGR profundice en las operaciones financieras, determine si existieron conductas delictivas y establezca quiénes serían responsables.
Los señalamientos corresponden a acusaciones que deberán ser investigadas y acreditadas por las autoridades. La presentación de una denuncia no implica que los funcionarios mencionados hayan sido declarados culpables.