El Senado de la República aprobó por unanimidad crear la Fiscalía Nacional contra la Corrupción Pública, para combatir dicho ilícito y el lavado de dinero en los tres niveles de gobierno y los Poderes de la Unión.
El dictamen avalado incluye establecer el Registro Nacional de Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos de los Poderes de la Unión, de los Estados, municipios y organismos autónomos, para detectar cambios patrimoniales ""no justificados"".
De acuerdo al dictamen que reforma el artículo 102 constitucional, el objetivo de la Fiscalía es combatir la corrupción y el lavado de dinero, sea producto de la corrupción o del crimen organizado, tanto nacional como internacional.
Al hablar a favor, el autor de la propuesta, el senador del Partido Acción Nacional, Ricardo García Cervantes, indicó que se busca elevar a nivel constitucional la persecución de los delitos de corrupción y el uso de recursos financieros de procedencia ilícita.
Aclaró que ahora ya no corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR) ""la persecución de todos los delitos federales en exclusiva"", pues se dota a la nación de un nuevo órgano autónomo para investigar y llevar a juicio y a sentencia a quienes cometan estos delitos.
El fiscal anticorrupción será nombrado mediante convocatoria por el voto de las dos terceras partes de la Cámara Alta; durará ocho años en el cargo, podrá ser reelecto una sola vez en el puesto, y presentará anualmente un informe de actividades ante el Congreso.