CANAGRAF pide frenar intermediarios y favorecer a fabricantes mexicanos

La Cámara advierte sobre el desplazamiento de empresas nacionales en las compras gubernamentales y propone cinco medidas para garantizar transparencia y contratación directa rumbo al proceso electoral de 2027.

Una rotativa de imprenta saca hojas de periódico con fotos y columnas de texto, en una planta industrial.
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(Imagen generada con IA)

Ciudad de México.- La Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas (CANAGRAF) pidió investigar a fondo las presuntas irregularidades en la contratación de material electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) y de diversos organismos electorales estatales, cuyos procedimientos actualmente se encuentran bajo revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

A través de un posicionamiento dirigido a las autoridades y a la opinión pública, el organismo, que desde hace 62 años representa al sector de las artes gráficas en México, señaló que el desplazamiento de fabricantes nacionales en las compras gubernamentales es una problemática que se ha presentado durante años en los ámbitos federal, estatal y municipal.

De acuerdo con CANAGRAF, uno de los principales problemas es la participación de intermediarios que carecen de plantas de producción, maquinaria y trabajadores, pero que obtienen contratos públicos para posteriormente subcontratar los servicios y revenderlos a precios más elevados.

La Cámara advirtió que este esquema provoca un encarecimiento de las adquisiciones con recursos públicos, perjudica a las empresas que cuentan con capacidad productiva y afecta la generación de empleos formales.

Ante esta situación, solicitó que las investigaciones permitan esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, además de evitar que los intermediarios sean confundidos con las empresas que integran la industria gráfica nacional.

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CANAGRAF destacó que el sector está conformado por más de 20 mil unidades de negocio en todo el país, las cuales cuentan con capacidad para atender las necesidades de producción del sector público.

Por ello, consideró que es necesario modificar los esquemas de contratación gubernamental y privilegiar las compras directas a las empresas fabricantes, con el objetivo de optimizar los recursos públicos y garantizar que la derrama económica beneficie directamente a la industria nacional.

CANAGRAF plantea cinco medidas para mejorar las contrataciones públicas

Como parte de su posicionamiento, la Cámara presentó cinco propuestas para fortalecer la participación de los fabricantes mexicanos en la producción de materiales electorales, particularmente de cara al proceso electoral de 2027.

  1. La primera consiste en integrar a CANAGRAF a un comité técnico consultivo, encargado de definir las especificaciones, capacidades y calendarios de producción.

  2. En segundo lugar, propuso establecer una evaluación objetiva de proveedores, mediante la cual las empresas participantes acrediten contar con planta y maquinaria propias, trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cumplimiento de obligaciones fiscales, experiencia comprobable y medidas de seguridad y trazabilidad.

  3. La tercera propuesta plantea privilegiar la contratación directa con fabricantes, evitando la participación de intermediarios sin capacidad productiva. En los casos donde sea necesaria la subcontratación, CANAGRAF consideró que esta deberá declararse, ser trazable y cumplir con los mismos requisitos establecidos para los proveedores.

Asimismo, propuso establecer un esquema de complementariedad con Talleres Gráficos de México (TGM), para que esta institución concentre la producción de los materiales de mayor seguridad, mientras que las empresas mexicanas formales y previamente verificadas se encarguen del resto de los productos y funcionen como respaldo ante incrementos en la demanda o posibles contingencias.

Finalmente, planteó que este modelo de evaluación, transparencia y contratación directa pueda replicarse en los organismos electorales locales, gobiernos estatales y municipales, dependencias federales y otros sectores de impresión pública, como la producción de libros de texto y papelería oficial.

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