Por: Lourdes López
Votar es el acto más simple mediante el cual los ciudadanos podemos involucrarnos en los asuntos públicos.
No obstante, la simpleza de la acción es inversamente proporcional a su trascendencia.
Un acto individual que, si bien en un régimen democrático puede ser obligatorio, en un contexto de pleno ejercicio de derechos políticos se convierte en un acto de voluntad. Votar es al mismo tiempo un derecho y una obligación, pero en el sentido más amplio es una expresión de poder.
En una república, el poder soberano emana del pueblo y eso significa que, a través del voto, los ciudadanos no sólo transmitimos a partidos y candidatos nuestras expectativas, sino también nuestras exigencias. El problema es que, al respecto, no hay una conciencia colectiva.
Para los mexicanos, votar es, desde un compromiso cívico, hasta una molestia. La participación electoral registrada en tres de las cuatro elecciones presidenciales de este siglo, ha sido solamente del 63% de la lista nominal electoral.
En la controvertida elección del año 2006 se registró una participación de apenas el 58 por ciento.
Salvo en este último caso, los resultados que arrojaron las urnas fueron reconocidos y aceptados por los partidos y candidatos perdedores.
En el año 2000, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de poco más de 6.4 puntos porcentuales; en el 2006, la diferencia fue apenas del 0.56%; en el 2012, la distancia entre el primero y segundo lugar fue de 6.7 puntos.
En el 2018, la diferencia fue casi del 31%, y el adversario más cercano al ganador quedó a 17 millones y medio de votos de distancia.
Aún así, ninguno de los ganadores llegó con el control del Congreso de la Unión, lo que ha propiciado indistintamente parálisis legislativa, acuerdos políticos tan pragmáticos como ineficientes y retrógradas, e inclusive la derrota de iniciativas presidenciales.
Los datos expuestos nos impiden establecer tendencias y pautas de comportamiento. El único dato puntual es la diferencia entre los contextos en que cada elección se desarrolló.
También es posible inferir que, ante una oferta plural diversa, el electorado ha puesto en práctica un voto diferenciado que, con intención o sin ella, ha elevado el costo de la construcción de acuerdos legislativos, al grado de exacerbar la polarización y resucitar los afanes hegemónicos del partido que gobierna.
Para el próximo 2 de junio hay una nueva convocatoria para renovar la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión.
En los últimos seis años, ningún partido político fue capaz de interpretar el mandato popular de una representación plural y ahora castigan a los electores estableciendo de facto un bipartidismo que arrastra a los ciudadanos a la polarización.
También las estrategias de los contendientes parecen ser completamente distintas: unos quieren el carro completo para no tener que negociar con nadie, mientras que los otros parece que sólo quieren sobrevivir, aunque sea sólo para postergar su extinción.
En este contexto, el panorama es de incertidumbre: no sobre los resultados electorales, sino por el futuro. El próximo 2 de junio, en las urnas, quienes decidan participar votando decidirán también el futuro de los partidos políticos, el futuro del régimen de gobierno y el futuro de nuestra democracia.
Lourdes López es licenciada en Ciencias Políticas. Actualmente se desempeña como catedrática de la Escuela Libre de Derecho
y fue consejera electoral del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE).