Como abogado seguiré creyendo que el último reducto para salvar la República es la SCJN en donde reside uno de los tres poderes que en México han sido puestos a prueba. Celebro con orgullo la integridad de la mayoría de quienes conforman nuestro máximo tribunal.
El martes pasado la SCJN resolvió una acción de inconstitucionalidad que controvertía una de las más perversas decisiones políticas a través de la cual el Ejército asumía la operación y administración de un cuerpo civil de seguridad como la Guardia Nacional con lo cual el presidente reafirma su propósito de militarizar al país, entregando la seguridad interna a los militares, logrando así que el Ejército siga sumando más tareas, presupuestos y determinaciones de las que la Constitución le permite y con ello de paso pretender por si fuera necesario echar mano de dicho cuerpo armado en caso de que las cosas en el 2024 no salgan como lo desea el Comandante Supremo.
Esta importante decisión judicial que dignifica y reitera la independencia de nuestros jueces constitucionales, es de la mayor trascendencia no sólo por su contenido que ratifica la supremacía constitucional sino por el valor y la dignidad de aquellos Ministros que votaron por declarar la inconstitucionalidad del capricho que el titular del ejecutivo trató de imponer a través de la camarilla de legisladores de su partido que han demostrado ser convenencieros y fanáticos seguidores presidenciales haciendo a un lado la dignidad de sus cargos y personas, todo por agradar a quien le deben su candidatura y no a quien votó por ellos.
Con absoluto respeto a la Constitución y en estricto cumplimiento de su deber 8 de los 11 Ministros, actuaron con ética e integridad jurídica en la interpretación del artículo 21 constitucional que entre otras cosas dispone que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil. Por ningún motivo podrán estar bajo el mando militar como lo pretendía la modificación legislativa.
Creo firmemente que estas decisiones seguirán repitiéndose conforme avancen los procedimientos constitucionales pendientes de resolución en la Corte como lo es el infame plan B en materia electoral que es un galimatías jurídico dado el servilismo con que actúan los legisladores de Morena que a mano alzada aprobaron sin cambiar siquiera una coma del proyecto que se realizó en la Secretaría de Gobernación y no en las mesas de trabajo que a ellos correspondían. Un proceso legislativo desaseado.
Celebro que nuestro máximo tribunal en su mayoría esté integrado por mujeres y hombres que no conocen la abyección y mucho menos la complicidad que por ambición convierte en serviles a servidores.
Que esperar de una ministra acusada de plagio profesional, un ministro que intentó romper el orden constitucional para perpetuarse en la presidencia y de aquella que está casada con el abogado electoral de quien la propuso al cargo. Se quitaron la toga y despreciaron la venda de Themis.