El pasado 8 de octubre, Día Mundial del Hidrógeno, México dio un paso histórico con la inauguración de su primera planta de hidrógeno verde, desarrollada por Cryoinfra dentro de las instalaciones de Gerresheimer, en Querétaro.
Este acontecimiento no sólo simboliza el inicio de una nueva era para la industria energética nacional, sino que demuestra que la transición hacia un modelo económico bajo en carbono es posible, viable y rentable.
La planta, alimentada por energía eólica, producirá 500 metros cúbicos diarios de hidrógeno verde con cero emisiones de CO2, lo que permitirá sustituir parcialmente el uso de combustibles fósiles en los procesos industriales de Gerresheimer, empresa del sector farmacéutico.
El modelo además optimizará el consumo de agua y eliminará las emisiones derivadas del transporte, al abastecerse directamente en sitio.
Esto marca el inicio de una cadena de transformación que ya se extiende en todo el país. México avanza también en la construcción del Primer Plan Nacional de Hidrógeno Renovable, liderado por la Secretaría de Energía (Sener) con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Este plan representa un paso estratégico para integrar al hidrógeno verde en la política energética nacional y consolidar un marco regulatorio que incentive inversiones, tecnología y empleos verdes.
Estudios internacionales estiman que México podría atraer inversiones por hasta $60,000 millones de dólares y generar más de tres millones de empleos hacia el 2050, gracias al desarrollo del hidrógeno verde y sus derivados.
Nuestro país cuenta con una ventaja innegable: los costos de producción pueden ser hasta 64% menores que en regiones con menor potencial solar y eólico.
Ejemplo como Tango Solar, en Sinaloa (con una inversión inicial de $1,300 millones de dólares y capacidad para producir 41,000 toneladas de hidrógeno al año) confirma que México está listo para competir en la economía global del hidrógeno limpio.
Esto tipo de proyectos no sólo diversifican la matriz energética nacional, sino que también fortalecen la soberanía y la justicia energética, impulsando cadenas de valor locales sostenibles.