Uno de los vicios que debemos erradicar de la vida pública es la costumbre de algunos alcaldes y gobernadores de utilizar los colores de sus partidos políticos para pintar edificios, mobiliario urbano y otros espacios que pertenecen a toda la ciudadanía.
Quienes llegamos a un cargo público podemos tener un origen partidista y una ideología que nos identifique, pero una vez que asumimos la responsabilidad de gobernar, nuestro compromiso debe estar por encima de cualquier color político.
Ya no gobernamos únicamente para quienes votaron por nosotros ni representamos exclusivamente a un partido: nos debemos a todas y todos los ciudadanos.
Por eso considero incorrecto que los recursos públicos se utilicen para dar una identidad partidista a inmuebles, vehículos o mobiliario que son patrimonio de la sociedad.
Cada cambio de administración no debería traducirse en una nueva campaña de pintura para sustituir un color por otro.
Además de generar gastos innecesarios, esta práctica puede convertir los espacios públicos en instrumentos de promoción política.
Con el propósito de avanzar hacia gobiernos más imparciales y verdaderamente institucionales, promoveré reformas a la Constitución Política del Estado de Nuevo León, a la Ley de Gobierno Municipal y a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Mi propuesta busca establecer principios claros para que los bienes públicos mantengan una imagen neutral, evitando colores, símbolos o elementos que puedan relacionarse con partidos políticos.
No se trata de borrar la identidad de nuestros municipios ni de limitar su historia o tradiciones. Por el contrario, debemos privilegiar los símbolos que verdaderamente nos representan como comunidad y utilizar colores institucionales y neutros que permanezcan más allá de los periodos de gobierno.
Existen antecedentes en nuestro país que demuestran que este debate no es nuevo. En Puebla, por ejemplo, se establecieron disposiciones para evitar que la imagen institucional hiciera alusión a colores, lemas o elementos relacionados con partidos políticos.
Asimismo, diversos criterios y propuestas legislativas han insistido en que los recursos y bienes públicos deben conducirse bajo principios de imparcialidad y sin fines de promoción partidista.
Estoy convencida de que estas reformas pueden contribuir a cambiar una mala práctica que durante años hemos normalizado.
Los edificios públicos, las calles y el mobiliario urbano no tienen partido; son de la gente. Gobernar con neutralidad también significa entender que el poder es temporal, pero las instituciones y el patrimonio público deben permanecer al servicio de todas y todos.