Dan a Samuel plazo de 15 días para ceder UIFE a Fiscalía

La orden fue interpuesta por la Suprema Corte de Justicia pidiendo que se publique el decreto en el Periódico Oficial.

Samuel García.
Samuel García.(Facebook / Samuel García)

Monterrey.- Un plazo de 15 días fue el tiempo que la Suprema Corte le dio a Samuel García para publicar un decreto del Congreso del Estado que indica que pasa la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) de la Tesorería a la Fiscalía General.

Esta orden fue interpuesta por la Suprema Corte de Justicia, desde el pasado 22 de noviembre, debido a la omisión del Ejecutivo en hacer la publicación de la reforma en el Periódico Oficial, la cual fue aprobada el 15 de junio de 2022.

Ante la falta de respuesta del gobernador de Nuevo León, el 15 de enero, la Corte volvió hacer una notificación para que cumpla con la resolución, oficio que fue recibido siete días después por el gobierno estatal.

La nueva fecha límite para hacer la publicación, es este próximo 14 de febrero y de no cumplirse esta orden, el mandatario podría enfrentarse a la separación de su cargo.

“Plazo de 15 días hábiles a efecto de que publique el Decreto 196 en el Periódico Oficial del Estado, debiendo informar a esta Suprema Corte sobre el cumplimiento”, dice el documento.

Al respecto, el consultor legal del Congreso, Ricardo Tamez indicó que, si el mandatario no cumple con lo estipulado en la orden, la corte podría separarlo de su cargo.

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En este sentido, al llegar la fecha pactada se podría emitir un ultimátum de 48 horas; de no tener respuesta y podría también ser consignado ante un Juez.

“Si no publica en estos 15 días, la Presidenta de la Corte le daría un ultimátum de 48 horas y, si no, inicia un procedimiento, previsto en la Constitución federal que permite a la Corte separar del cargo al Gobernador y consignarlo ante un Juez de Distrito penal”, expresó el consultor legal.

¿Qué es la UIFE?

La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica es un organismo encargado de recolectar, analizar y consolidar información financiera, fiscal y patrimonial de funcionarios y exfuncionarios públicos, así como personas físicas o morales, para investigar posibles actividades ilegales que generen beneficios económicos injustificados.

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