Monterrey. - Afectados por el presunto fraude inmobiliario de Proyectos 9 realizaron este miércoles 4 de noviembre una protesta pacífica para exigir transparencia sobre la salida del empresario José Lobatón del penal de Apodaca, así como avances en los procesos judiciales que mantienen cientos de denunciantes.
Luis Silva Guerrero, representante de un grupo de afectados, señaló que existen más de mil personas perjudicadas directamente, aunque estimó que la cifra podría alcanzar entre 4 mil y 5 mil integrantes de sus familias.
Durante la manifestación, los inconformes cuestionaron las circunstancias en las que Lobatón fue trasladado al Hospital Universitario para recibir atención médica, debido a que las autoridades reconocieron que no se notificó oportunamente a las instancias judiciales correspondientes.
“Estamos pidiendo transparencia. Estamos pidiendo justicia. Cuando hablamos de transparencia, estamos solicitando que la autoridad sea capaz de decirnos dónde estuvo Lobatón cuando lo sacaron sin permiso, lo sacaron de la cárcel”, expresó Silva Guerrero.
El representante sostuvo que los afectados desconocen quién autorizó el traslado y exigió que las autoridades esclarezcan dónde permaneció el empresario durante el tiempo que estuvo fuera del centro penitenciario.
Asimismo, cuestionó que, según los datos que expuso, de aproximadamente 440 casos relacionados con el presunto fraude, menos de cinco han avanzado en su judicialización, situación que consideró preocupante por el tiempo que podría tomar resolver las denuncias.
“Todas las audiencias de esta semana que se llevaron a cabo se han diferido. ¿Por qué? Por puras chicanas jurídicas. Y eso no lo debemos de seguir permitiendo”, manifestó.
Silva Guerrero también señaló que los afectados han acudido a distintas instancias del gobierno Estatal, el Congreso y el Poder Judicial sin obtener, a su consideración, una respuesta satisfactoria a sus demandas.
En cuanto al monto económico involucrado, el representante mencionó que las afectaciones podrían superar los mil 200 millones de pesos, aunque no presentó durante la entrevista un desglose de las cantidades correspondientes a cada denunciante.
Los manifestantes solicitaron a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mayor atención a los expedientes y exigieron que los funcionarios responsables participen en las audiencias programadas para evitar nuevos retrasos.
“Nosotros queremos justicia. La legalidad no es lo mismo que justicia”, expresó Silva Guerrero, al considerar que los procedimientos legales no han permitido resolver oportunamente las denuncias.
Finalmente, los afectados insistieron en que se investiguen las responsabilidades relacionadas con el traslado de Lobatón y se agilicen los procedimientos judiciales para garantizar una respuesta a quienes denunciaron pérdidas económicas por el caso Proyectos 9.