Ciudad de México.- Las observaciones a los contratos de materiales electorales deben avanzar hacia investigaciones y el deslinde de responsabilidades. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR) den seguimiento a las irregularidades señaladas en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos electorales estatales.
La mandataria afirmó que ya se han presentado varias denuncias penales ante la Fiscalía y sostuvo que la revisión no debe limitarse a la administración actual del INE, sino abarcar los contratos celebrados durante distintos periodos, particularmente entre 2014 y 2025.
“Es muy importante que se haga la investigación de la Auditoría, si es necesario de la Fiscalía General de la República, que entiendo que ya se han presentado varias denuncias penales”, declaró.
Sheinbaum señaló que las observaciones de la ASF comprenden contratos de materiales y papelería electoral, algunos correspondientes al periodo de 2014 a 2023.
Consideró necesario investigar cómo se conformó y mantuvo un mercado concentrado en pocas compañías, algunas de las cuales, aseguró, operaban como intermediarias y no fabricaban directamente los productos.
La presidenta calificó ese esquema como una “mafia electoral” y sostuvo que su origen se remonta a administraciones anteriores.
También mencionó a personas que, de acuerdo con sus señalamientos, tuvieron vínculos con la estructura electoral y posteriormente participaron en las empresas proveedoras. Estas acusaciones deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.
En cuanto a las cuentas bancarias congeladas, Sheinbaum consideró que la medida abre paso a las investigaciones, pero insistió en que corresponde a las instancias fiscalizadoras y ministeriales determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.
La mandataria también cuestionó las liquidaciones millonarias que recibieron exconsejeros electorales, así como las contrataciones observadas por la Auditoría, al considerar que deben revisarse tanto su legalidad como el uso de los recursos públicos.
De cara a las elecciones de 2027, pidió a los actuales consejeros del INE establecer reglas claras, transparentar las licitaciones y ampliar la competencia entre proveedores.
Señaló que el fortalecimiento de Talleres Gráficos de México permitiría que una parte importante de los materiales electorales se produjera en una institución pública.
El objetivo, dijo, es evitar que las contrataciones vuelvan a concentrarse en un grupo reducido de empresas y conseguir ahorros para los procesos electorales, sin comprometer la seguridad ni la calidad de los materiales.