Entra en vigor reforma que da cárcel a funcionarios que filtren información de feminicidios

El sábado 25 de marzo esta reforma entró en vigor en el Periódico Oficial del Estado y, con ella, los servidores públicos podrán recibir de uno a 12 años de prisión en caso de filtrar información sobre feminicidios.

Los funcionarios públicos que filtren información sobre feminicidios podrán ser castigados con cárcel. Créditos: CANVA
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Monterrey.- El Gobierno del Estado a través del Periódico Oficial, dio a conocer algunas reformas al Código Penal de Nuevo León respecto a los delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos activos y señalados en su artículo 224.

Entre dicha modificación se contempla castigar con uno o hasta 12 años de prisión el delito de compartir información respecto a alguna carpeta de investigación, proceso penal o información confidencial en torno a un caso de feminicidio por parte de un funcionario.

“A quien cometa alguno de los delitos previstos en las fracciones I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XX, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XVIII, se le impondrá pena de prisión de seis meses a seis años y multa de cien a trescientas cuotas. Cuando la conducta descrita en la fracción XXVIII se realice en torno a una carpeta de investigación de feminicidio, la pena se agravará en una mitad”, se lee en el Periódico Oficial del Estado.

Además de lo anterior se aumentó la pena de prisión de seis meses a seis años para 14 delitos más, entre los cuales destacan aquellos que están relacionados al abuso de autoridad como:

  • Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebida.
  • Negar, retardar o entorpecer la administración de justicia.
  • Hacer del conocimiento de cualquier persona, respecto de la orden de aprehensión, o cualquier medida cautelar en su contra.
  •  Alterar dolosamente, el lugar en donde se cometió un delito, entre otros.

Dichas reformas al Código Penal se encuentran en vigor en el Estado desde este sábado 25 de marzo, siendo la promulgación del decreto 356 expedido por el Congreso local.