La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León advirtió sobre una posible intervención de funcionarios de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera en la Auditoría Superior del Estado, ante la próxima entrega de los informes de revisión de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2025.
Durante una rueda de prensa encabezada por la coordinadora de la bancada, Sandra Pámanes, los legisladores presentaron un exhorto para solicitar que se investiguen las presuntas presiones e intromisiones externas en el órgano fiscalizador y se garantice la autonomía técnica e imparcialidad de sus resultados.
La emecista señaló directamente a José Adán Náñez Balderas, titular de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, a quien relacionó con el PAN y acusó de intervenir en el proceso de revisión de las cuentas públicas.
“Se quebranta la autonomía técnica y de gestión de la Auditoría Superior del Estado al permitir que funcionarios de una institución dedicada a la procuración de justicia intervengan de manera previa y extralegal en la fase de auditoría y elaboración de informes técnicos”, expresó Pámanes.
Además, la coordinadora consideró preocupantes los presuntos antecedentes de investigación de Náñez Balderas por delitos como defraudación fiscal, tráfico de comprobantes fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por los cuales, se realizaron cateos en enero de 2022.
El exhorto solicita al titular de la Auditoría Superior que informe sobre los registros de acceso, visitas oficiales y reuniones sostenidas con funcionarios de la Fiscalía y actores políticos durante la integración de los informes, particularmente las visitas de Náñez Balderas.
También pide a la Fiscalía General de Justicia investigar los hechos, abrir una carpeta de investigación y garantizar que sus funcionarios se abstengan de realizar cualquier acto de presión o intervención en las labores de auditoría. Asimismo, plantea que el Órgano Interno de Control y la Visitaduría General esclarezcan el motivo y sustento legal de las visitas, así como el posible uso de recursos públicos.
Por otra parte, MC insistió en que el Congreso cumpla con la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la controversia constitucional 262/2023, para declarar la nulidad del nombramiento de Alejandro Reynoso Gil como auditor superior y comenzar el procedimiento para designar a un nuevo titular.
“Ya en el pasado hemos venido señalando y denunciando el uso faccioso que se tiene de la Auditoría Superior del Estado y, en este caso, el temor bien fundado de que las cuentas públicas que se entreguen ante este Congreso traerán información que no está apegada a derecho”, sostuvo Pámanes.
La bancada adelantó que también contempla presentar denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General de la República por las presuntas intromisiones y el posible intercambio de información de la Auditoría con personas o instancias ajenas a sus funciones.