Grupo de las Seis exige juicio político contra fiscales en el Congreso de Nuevo León

El Grupo de las Seis presentó nuevamente ante el Congreso de Nuevo León una denuncia de juicio político contra el fiscal general de Justicia.

Cuatro mujeres en un acto del Congreso de Nuevo León; una de gorro negro lee un documento frente a un micrófono.
(Especial)

El Grupo de las Seis presentó nuevamente ante el Congreso de Nuevo León una denuncia de juicio político contra el fiscal general de Justicia, Javier Enrique Flores Saldívar, y el fiscal anticorrupción, Javier Garza y Garza, a quienes acusa de presuntamente encubrir investigaciones relacionadas con el gobierno estatal.

Las promoventes, Gabriela de la Paz, Liliana Flores Benavides, María Elena Assad y Rebeca Clouthier, señalaron que ambos funcionarios atrajeron indebidamente carpetas de investigación por presuntos delitos de corrupción, para posteriormente determinar el no ejercicio de la acción penal.

“Esto se hizo priorizando acuerdos políticos sobre el deber de legalidad e imparcialidad y renunciando a la autonomía legal de la fiscalía anticorrupción”, declaró Gabriela de la Paz.

“En un contrasentido, la fiscalía General de la República (FGR) mantiene investigaciones activas por los mismos o relacionados hechos. Mientras la autoridad federal avanza, las fiscalías locales habían cerrado las carpetas, generando impunidad”, agregó Liliana Flores.

Como parte de sus argumentos, citaron el informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre la cuenta pública 2025, presentado el pasado 31 de octubre, en el que se documentaron presuntas triangulaciones de recursos por más de 7 mil 200 millones de pesos.

“Las rutas pasan por constructoras, comercializadoras y otras empresas hasta llegar a un despacho jurídico relacionado con el gobernador y su padre. Una de esas rutas incluye una empresa de alimentos”, señaló María Elena Assad.

El grupo también señaló que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León por estos hechos.

Las promoventes solicitaron al Congreso que inicie el procedimiento y determine la responsabilidad política de ambos funcionarios, con sanciones que contemplan su destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta por 20 años.

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“En mayo presentamos esta denuncia de juicio político para los fiscales y no la han dictaminado, por lo que ahora la volvemos a presentar con causas agravadas”, mencionó Rebeca Clouthier.

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